Artículo publicado en Perú 21, Domingo 27 de Diciembre de 2009
Por Javier Escobal, GRADE
Los centros poblados de Yanacancha Grande y Yanacancha Alta son dos centros poblados en el distrito de la Encañada, en la región Cajamarca. A pesar de su nombre, Yanacancha Alta, no es suficientemente alto y le falta un metro; mientras que al centro poblado vecino, Yanacancha Grande, le sobran metros para beneficiarse de la exoneración tributaria recientemente aprobada por el Gobierno. Según la estadística oficial, Yanacancha Alta se ubica en los 3,199 metros sobre el nivel del mar, y la altitud de su vecino es 3,553 metros.
En similar situación se encuentran los centros poblados de Yauyucan y El Hualte, también en Cajarmaca, o Sacha Grande, en la región La Libertad, que tienen 2,499 metros de altura y les falta un metro para que se les apliquen las exoneraciones a personas naturales establecidas en la norma. También se pueden mencionar a los centros poblados de Chongos, Nache y Sazón en la región la Libertad, Yanahuanca en Pasco, Huaripampa en Junín o Chupas en Huancavelica que se ubican a una altitud de 3,199 y les faltaría un metro para acceder a las exoneraciones tributarias que se le otorgarían a empresas que se ubiquen en zonas altoandinas.
Estos centros poblados se preguntarán ¿por qué los que tienen unos cuantos metros más que nosotros reciben estos beneficios y nosotros no? A algunos, incluso, se les ocurrirá elevar un par de metro su plaza de armas o moverla hacia una zona algo más alta para ver si en algo les puede beneficiar la norma promulgada. Y preguntarán con razón '¿acaso no somos nosotros igualmente pobres?’.
De hecho, estudios que hemos realizado en Grade, combinando la información censal con las Encuestas Nacionales de Hogares, nos han permitido estimar los niveles de pobreza a distintas altitudes. Como era de esperarse, la tasa de pobreza de quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 2,400 metros no es muy distinta. Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 3,200 metros.
Obviamente, no es que la altitud no importe. La altitud es un indicador que puede aproximar el grado de lejanía respecto a los bienes y servicios públicos que el Estado debiera proveer. Si existiera electricidad, telecomunicaciones, agua potable, desagüe y un buen camino que articule a estos centros poblados con mercados mayores, seguramente contarían con más y mejores oportunidades para aumentar las condiciones de empleo que estas poblaciones tienen. Obviamente, una exoneración tributaria no les dará mejores caminos o mejores servicios públicos. Más bien, son esos servicios públicos los que podrían atraer a empresas a ubicarse en esas zonas altoandinas.
Pero, como no hay mal que por bien no venga, permítanme sugerir que la norma recientemente aprobada por el Ejecutivo puede tener, a pesar de todos sus defectos, alguna utilidad. La decisión de partir arbitrariamente a la sierra entre quienes viven por debajo de los 2,500 metros y quienes viven por encima de esa altitud; y hacer lo mismo en la cota de 3,200 metros, puede permitir, de una vez y por todas, evaluar la ineficacia de las exoneraciones tributarias como mecanismo para promover el crecimiento en ausencia de una visión y una programa integral de desarrollo para la sierra. Luego de su eventual implementación, se podrá evaluar las diferencias de actividad económica, de ingresos y pobreza en las zonas inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo de las cotas de altitud establecidas. Si como –lamentablemente– es de esperar, no habrá diferencias significativas entre grupos poblacionales que tienen características socioeconómicas parecidas, tienen la misma base de recursos naturales, enfrentan la misma vulnerabilidad climática pero que la norma arbitrariamente ha diferenciado, se podrá demostrar, sin lugar a dudas, la ineficacia de este tipo de propuesta.
Es cierto que las demandas de desarrollo en la sierra son muy grandes y el costo de esperar para verificar que la política que se quiere implementar es ineficaz no es menor. Sin embargo, al menos tendremos el consuelo de contar con una prueba irrefutable que el tema del desarrollo rural en la sierra no se resuelve con una exoneración tributaria o un paquete tecnológico mágico, sino con un esfuerzo sostenido de políticas coordinadas.
En similar situación se encuentran los centros poblados de Yauyucan y El Hualte, también en Cajarmaca, o Sacha Grande, en la región La Libertad, que tienen 2,499 metros de altura y les falta un metro para que se les apliquen las exoneraciones a personas naturales establecidas en la norma. También se pueden mencionar a los centros poblados de Chongos, Nache y Sazón en la región la Libertad, Yanahuanca en Pasco, Huaripampa en Junín o Chupas en Huancavelica que se ubican a una altitud de 3,199 y les faltaría un metro para acceder a las exoneraciones tributarias que se le otorgarían a empresas que se ubiquen en zonas altoandinas.
Estos centros poblados se preguntarán ¿por qué los que tienen unos cuantos metros más que nosotros reciben estos beneficios y nosotros no? A algunos, incluso, se les ocurrirá elevar un par de metro su plaza de armas o moverla hacia una zona algo más alta para ver si en algo les puede beneficiar la norma promulgada. Y preguntarán con razón '¿acaso no somos nosotros igualmente pobres?’.
De hecho, estudios que hemos realizado en Grade, combinando la información censal con las Encuestas Nacionales de Hogares, nos han permitido estimar los niveles de pobreza a distintas altitudes. Como era de esperarse, la tasa de pobreza de quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 2,400 metros no es muy distinta. Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 3,200 metros.
Obviamente, no es que la altitud no importe. La altitud es un indicador que puede aproximar el grado de lejanía respecto a los bienes y servicios públicos que el Estado debiera proveer. Si existiera electricidad, telecomunicaciones, agua potable, desagüe y un buen camino que articule a estos centros poblados con mercados mayores, seguramente contarían con más y mejores oportunidades para aumentar las condiciones de empleo que estas poblaciones tienen. Obviamente, una exoneración tributaria no les dará mejores caminos o mejores servicios públicos. Más bien, son esos servicios públicos los que podrían atraer a empresas a ubicarse en esas zonas altoandinas.
Pero, como no hay mal que por bien no venga, permítanme sugerir que la norma recientemente aprobada por el Ejecutivo puede tener, a pesar de todos sus defectos, alguna utilidad. La decisión de partir arbitrariamente a la sierra entre quienes viven por debajo de los 2,500 metros y quienes viven por encima de esa altitud; y hacer lo mismo en la cota de 3,200 metros, puede permitir, de una vez y por todas, evaluar la ineficacia de las exoneraciones tributarias como mecanismo para promover el crecimiento en ausencia de una visión y una programa integral de desarrollo para la sierra. Luego de su eventual implementación, se podrá evaluar las diferencias de actividad económica, de ingresos y pobreza en las zonas inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo de las cotas de altitud establecidas. Si como –lamentablemente– es de esperar, no habrá diferencias significativas entre grupos poblacionales que tienen características socioeconómicas parecidas, tienen la misma base de recursos naturales, enfrentan la misma vulnerabilidad climática pero que la norma arbitrariamente ha diferenciado, se podrá demostrar, sin lugar a dudas, la ineficacia de este tipo de propuesta.
Es cierto que las demandas de desarrollo en la sierra son muy grandes y el costo de esperar para verificar que la política que se quiere implementar es ineficaz no es menor. Sin embargo, al menos tendremos el consuelo de contar con una prueba irrefutable que el tema del desarrollo rural en la sierra no se resuelve con una exoneración tributaria o un paquete tecnológico mágico, sino con un esfuerzo sostenido de políticas coordinadas.
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