Shock de precios y vulnerabilidad alimentaria de los hogares peruanos


El presente estudio está orientado a cuantificar los efectos económicos del súbito aumento de los precios de alimentos en los hogares peruanos en el período 2007-2008 e identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad alimentaria. El estudio se enmarca en una serie de recientes esfuerzos por cuantificar los efectos económicos del pronunciado shock de precios de alimentos ocurrido entre el 2007 y el tercer trimestre del 2008 en diversos países. A diferencia de otros estudios recientes que se centran en pocos alimentos y efectos sobre el gasto alimentario y las líneas de pobreza, en este trabajo usamos el déficit calórico de las familias como indicador central para el análisis del impacto del shock de precios en el caso peruano. Estimamos funciones de demanda de un conjunto de 14 alimentos que significan 76% del consumo calórico de las familias peruanas con un modelo Tobit de elasticidades precio e ingreso variables con respecto al gasto, lo cual permite estimar respuestas diversas por grupos socioeconómicos y, por ende, identificar efectos heterogéneos de acuerdo con el nivel de gasto de los hogares.

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Exoneraciones altoandinas: ¿Y qué si me falta un metro?

Artículo publicado en Perú 21, Domingo 27 de Diciembre de 2009

Por Javier Escobal, GRADE

Los centros poblados de Yanacancha Grande y Yanacancha Alta son dos centros poblados en el distrito de la Encañada, en la región Cajamarca. A pesar de su nombre, Yanacancha Alta, no es suficientemente alto y le falta un metro; mientras que al centro poblado vecino, Yanacancha Grande, le sobran metros para beneficiarse de la exoneración tributaria recientemente aprobada por el Gobierno. Según la estadística oficial, Yanacancha Alta se ubica en los 3,199 metros sobre el nivel del mar, y la altitud de su vecino es 3,553 metros.

En similar situación se encuentran los centros poblados de Yauyucan y El Hualte, también en Cajarmaca, o Sacha Grande, en la región La Libertad, que tienen 2,499 metros de altura y les falta un metro para que se les apliquen las exoneraciones a personas naturales establecidas en la norma. También se pueden mencionar a los centros poblados de Chongos, Nache y Sazón en la región la Libertad, Yanahuanca en Pasco, Huaripampa en Junín o Chupas en Huancavelica que se ubican a una altitud de 3,199 y les faltaría un metro para acceder a las exoneraciones tributarias que se le otorgarían a empresas que se ubiquen en zonas altoandinas.

Estos centros poblados se preguntarán ¿por qué los que tienen unos cuantos metros más que nosotros reciben estos beneficios y nosotros no? A algunos, incluso, se les ocurrirá elevar un par de metro su plaza de armas o moverla hacia una zona algo más alta para ver si en algo les puede beneficiar la norma promulgada. Y preguntarán con razón '¿acaso no somos nosotros igualmente pobres?’.

De hecho, estudios que hemos realizado en Grade, combinando la información censal con las Encuestas Nacionales de Hogares, nos han permitido estimar los niveles de pobreza a distintas altitudes. Como era de esperarse, la tasa de pobreza de quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 2,400 metros no es muy distinta. Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 3,200 metros.

Obviamente, no es que la altitud no importe. La altitud es un indicador que puede aproximar el grado de lejanía respecto a los bienes y servicios públicos que el Estado debiera proveer. Si existiera electricidad, telecomunicaciones, agua potable, desagüe y un buen camino que articule a estos centros poblados con mercados mayores, seguramente contarían con más y mejores oportunidades para aumentar las condiciones de empleo que estas poblaciones tienen. Obviamente, una exoneración tributaria no les dará mejores caminos o mejores servicios públicos. Más bien, son esos servicios públicos los que podrían atraer a empresas a ubicarse en esas zonas altoandinas.

Pero, como no hay mal que por bien no venga, permítanme sugerir que la norma recientemente aprobada por el Ejecutivo puede tener, a pesar de todos sus defectos, alguna utilidad. La decisión de partir arbitrariamente a la sierra entre quienes viven por debajo de los 2,500 metros y quienes viven por encima de esa altitud; y hacer lo mismo en la cota de 3,200 metros, puede permitir, de una vez y por todas, evaluar la ineficacia de las exoneraciones tributarias como mecanismo para promover el crecimiento en ausencia de una visión y una programa integral de desarrollo para la sierra. Luego de su eventual implementación, se podrá evaluar las diferencias de actividad económica, de ingresos y pobreza en las zonas inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo de las cotas de altitud establecidas. Si como –lamentablemente– es de esperar, no habrá diferencias significativas entre grupos poblacionales que tienen características socioeconómicas parecidas, tienen la misma base de recursos naturales, enfrentan la misma vulnerabilidad climática pero que la norma arbitrariamente ha diferenciado, se podrá demostrar, sin lugar a dudas, la ineficacia de este tipo de propuesta.

Es cierto que las demandas de desarrollo en la sierra son muy grandes y el costo de esperar para verificar que la política que se quiere implementar es ineficaz no es menor. Sin embargo, al menos tendremos el consuelo de contar con una prueba irrefutable que el tema del desarrollo rural en la sierra no se resuelve con una exoneración tributaria o un paquete tecnológico mágico, sino con un esfuerzo sostenido de políticas coordinadas.


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Haciendo política a ciegas


Artículo publicado en El Comercio, Lunes 14 de Diciembre del 2009

Por Ricardo Fort, Economista, GRADE

El último censo nacional agrario se realizó en el Perú hace 15 años. Como si nada importante hubiera ocurrido en el ámbito rural en los últimos años, el diseño de políticas para el sector sigue usando como base de información estructural el número de unidades agropecuarias, productores, parcelas y cultivos que se encontraron en el país hace más de una década y media.

En este contexto, se carece de información sobre cuestiones fundamentales como la tendencia a la reconcentración de la propiedad rural en ciertas regiones, así como la propensión a la extrema parcelación en otras, o la magnitud de los “efectos modernizadores” de las reformas económicas de la década del noventa en la estructura agraria del país. La falta de este conocimiento no permite un análisis ni global ni desagregado, y lo que se pueda evaluar solo se sustenta en evidencia casuística o anecdótica, insuficiente para proponer políticas e intervenciones adecuadas.

Pero los censos nacionales agrarios no solo permiten conocer las características estructurales del sector y de todas sus unidades agropecuarias en un momento del tiempo, sino que establecen un nuevo universo de unidades de producción (marco muestral) sobre cuya base se pueden realizar estudios más detallados y precisos, encuestando por muestreo a estos productores identificados.

El Ministerio de Agricultura (Minag), por ejemplo, está retomando un proceso de modernización de sus sistemas de información continua (como el cálculo del valor bruto de la producción agrícola, de gran importancia para las cuentas nacionales), para el cual resulta indispensable contar con información nacional actualizada que solamente un censo de este tipo puede proporcionar. En este mismo sentido, un nuevo censo resulta esencial como punto de partida para poder monitorear los efectos de las nuevas políticas que influenciarán en el sector durante los próximos años (una gran línea de base).

Pese a ser anunciado por los últimos tres ministros de Agricultura —incluyendo el actual— y de contar con avances significativos en su planeamiento y presupuesto, parece evidente que la falta de voluntad política y de consideración por un sector constantemente marginado es la principal causante de su retraso. La concentración de esfuerzos en generar políticas de corto plazo y establecer beneficios directos a los productores agropecuarios más necesitados solamente podrá ser eficiente y tener mayor efectividad cuando conozcamos mejor la estructura actual del sector, entendamos las razones de sus cambios, y seamos capaces de plantear lineamientos de mediano y largo plazo para su desarrollo.

De no obtener la aprobación para su ejecución en breve, es probable que esta importante tarea tenga que ser postergada por un par de años más debido a que entraría en conflicto con el proceso electoral del 2011. Esperemos entonces ver pronto publicado el decreto supremo que declare de interés nacional la realización del nuevo censo agrario, y que asigne el presupuesto necesario para su ejecución durante el 2010. Tal vez en estos días que el Congreso de la República discute el presupuesto público del próximo año nuestros representantes den el ejemplo al promover esta asignación en el hemiciclo.


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Pobreza e impactos heterogéneos de las políticas activas de empleo juvenil: el caso de PROJOVEN en el Perú


El presente estudio analiza la relación entre la pobreza de los hogares y los impactos de políticas activas de promoción del empleo en el Perú. En particular, analizamos el Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROJOVEN, que, desde 1996, ha beneficiado directamente a cerca de 50.000 jóvenes pobres. La situación de pobreza de los beneficiarios de PROJOVEN es aproximada con un índice basado en 21 activos de los hogares. Tres resultados principales emergen. Primero, las desigualdades demográficas y socioeconómicas encontradas entre los beneficiarios y la población elegible se deben principalmente a decisiones individuales de los jóvenes antes que a decisiones administrativas del operador del programa. Segundo, se observa alta heterogeneidad en la distribución de impactos por cuantiles de ingresos y fuertes diferencias en la distribución de impactos entre varones y mujeres. Tercero, la heterogeneidad de los impactos no se explica por el nivel de pobreza de los beneficiarios. Los más pobres entre los pobres se benefician igual del programa que los menos pobres. Es la entidad que proporciona los servicios de capacitación (calidad) la que explica la heterogeneidad de los impactos.

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