Lecciones del caso colombiano


Artículo publicado en El Comercio, Martes 17 de febrero de 2009

Por Raúl Andrade

Desde hace un tiempo la simplificación de trámites es considerada un requisito para mejorar la competitividad de las empresas. El tema cobra importancia para nosotros dada la reciente implementación del tratado de libre comercio de nuestro país con Estados Unidos, el descenso del Perú en el ranking de competitividad del Banco Mundial, y la importante presencia de empresas informales en nuestra economía.

Para que una empresa opere formalmente en Lima, ella tiene que realizar trámites que demoran en promedio 65 días, desde la verificación de la razón social de la empresa hasta que obtiene una licencia de funcionamiento, mientras que en otros países como Chile, México o Argentina, estos trámites toman menos de 35 días. Una vez en operación, la empresa recibirá visitas de inspección para verificar que está cumpliendo con diversas regulaciones.
Las regulaciones, cuando son bien diseñadas y se cumplen, facilitan el equilibrio entre la actividad empresarial y el desarrollo urbano, además que reducen el riesgo que algunas actividades empresariales pueden ocasionar en terceros. ¿Cómo comprometerse entonces a reducir los tiempos y costos de realizar estos trámites, teniendo a la vez regulaciones que sean efectivas? El caso de Colombia, uno de los principales reformadores en el área de trámites en la región, puede dar algunas luces. Contrariamente a lo que sucedió en el Perú, entre los años 2008 y 2009, Colombia mejoró 13 posiciones en el ránking de competitividad del Banco Mundial y, en promedio, el tiempo para que una empresa se constituya y opere se redujo de 42 a 36 días.
Cuando una empresa se registra legalmente en Colombia, queda identificada también para fines tributarios y laborales. Además, ya no se le exige licencia de funcionamiento para que opere, pues los objetivos de control y monitoreo de dicha licencia han sido reemplazados por un marco legal que se aplica apropiadamente a través del sistema de inspecciones. Este sistema de inspecciones ha sido reformado de manera que las empresas ya no son visitadas varias veces por instituciones distintas, sino que son sometidas a una sola inspección multipropósito, condicionada al riesgo que la actividad de cada empresa implica. Colombia también prevé iniciar reformas del trámite para obtener licencias de construcción, así como agilizar el trámite para cerrar empresas.
¿Qué elementos han influido para que Colombia mejore estas regulaciones de forma sostenida? En primer lugar, la simplificación de trámites es parte de la agenda política en el ámbito nacional y es seguida seriamente en la práctica por los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, cabe mencionar que no solo se simplifican los trámites que las empresas deben realizar, sino los que realiza cualquier ciudadano. En segundo lugar, hay una activa participación del sector privado en la promoción e implementación de estas reformas, así como en la administración de los servicios provistos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá es la que actualmente busca promover la reforma del trámite para cerrar empresas. Asimismo, el servicio de registro empresarial es provisto por las cámaras de comercio. Tercero, las reformas son implementadas en conjunto con sistemas para monitorear la calidad del servicio, lo cual evita retrocesos y, por el contrario, promueve mejoras continuas.
Es deseable que los esfuerzos por promover reformas en nuestro país incorporen estos elementos. Ello contribuirá a que se observen cambios reales y que estos sean sostenibles en el tiempo.



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La crisis de los alpaqueros


Artículo publicado en El Comercio, Martes 03 de febrero de 2009

Por Eduardo Zegarra

La producción de fibra de alpaca involucra a decenas de miles de pobladores altoandinos, que en los últimos años habían empezado a aumentar sus ingresos por mejoras en precios, en su organización y en los procesos de certificación de la calidad de la fibra. Hoy, todos estos avances se están esfumando como efecto colateral de la drástica caída de la demanda por exportaciones textiles hacia nichos exclusivos en países desarrollados. Los productores alpaqueros y sus familias son un grupo poblacional muy vulnerable, el cual debe ser inmediatamente atendido por el gobierno con apoyos específicos en el marco del plan anticrisis y otras iniciativas.

El mayor problema es la dramática caída en el precio de la fibra de 14 soles por libra a solo 4 soles, en un contexto en que las compras de la industria prácticamente se han paralizado. La industria aduce un aumento significativo en sus inventarios, justo cuando los productores entran a la etapa de producción. Con los precios actuales, miles de familias alpaqueras tendrán una muy grave caída en sus ingresos, con efectos adversos en la salud, alimentación y educación de sus hijos.

En este contexto, el Gobierno debe evaluar dos tipos de medidas inmediatas de apoyo al sector de productores alpaqueros. En primer lugar generar una transferencia directa de recursos a las familias productoras, usando el programa Juntos con un buen sistema de información sobre las familias que deben ser atendidas. Este apoyo evitaría efectos negativos en las decisiones familiares sobre alimentación y salud de la población más vulnerable, y por otro lado podría evitar un sacrificio masivo de animales ante la drástica caída de precios.

El otro aspecto de las medidas por considerar son formas efectivas y rápidas de reactivar el mercado de la fibra de alpaca. Esto pasa por apoyar con líneas de crédito (por ejemplo de Cofide) a la industria para que pueda adquirir fibra a precios más competitivos, así como apoyar directamente a los productores organizados en centros de acopio. Igualmente, el Estado puede evaluar el otorgamiento de un subsidio temporal al precio de la fibra de alpaca bajo un esquema de formalización de los productores similar al de los productores de algodón.

En cualquier escenario se requieren tres cosas. Primero una clara decisión política del Gobierno por apoyar a sectores más vulnerables ante los efectos de la crisis internacional. En segundo término, se requiere un buen sistema de información y registro de la población de productores, el cual debe garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Y tercero, eficacia y capacidad de coordinación de la administración pública para diseñar e implementar las medidas de acuerdo a la urgencia, y siempre teniendo en cuenta la protección del bienestar de las familias beneficiarias. Como ciudadanos debemos exigir que el Gobierno esté a la altura del desafío, algo que lamentablemente no ha venido ocurriendo como lo demostró la respuesta estatal al terremoto del sur.



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