Artículo publicado en El Comercio, Martes 24 de marzo de 2009
Por Martín Valdivia
Evaluaciones recientes del programa Juntos parecen poner en duda la capacidad del Estado de exigir a los beneficiarios el cumplimiento efectivo de las condicionalidades asociadas a la asistencia de los niños a la escuela y a los establecimientos de salud para los controles respectivos. Sin embargo, hay aspectos más importantes que la búsqueda de una aplicación estricta de esas disposiciones, la que puede ser incluso inconveniente.
Los programas de transferencias de efectivo como Juntos debieran propiciar el incremento de la inversión en la educación y salud de los niños, aun sin que el programa imponga las condiciones, dado que los padres valoran el bienestar de sus hijos. Pero en nuestras zonas rurales, los hogares muchas veces dejan de enviar a sus hijos a la escuela, en parte por necesidad, pero también por la escasa calidad de la educación que ahí reciben.
El peligro con estos programas es que soslayan esos problemas de calidad. De todas maneras, las condiciones se justifican cuando se piensa que la madre valora más el bienestar de sus hijos y, además, corresponde empoderarla en pro de la equidad de género.
Pero la aplicación estricta de los condicionantes también tiene sus bemoles. Ciertamente, hay problemas logísticos y de coordinación interinstitucional para conectar las transferencias a su cumplimiento. Pero más importantes son las complicaciones políticas y éticas de una aplicación estricta de las obligaciones mencionadas. Un primer problema potencial es que los funcionarios de las escuelas y centros de salud usen el mayor poder recibido de forma arbitraria, abusiva o corrupta, que ocurre frecuentemente por la falta de una tradición participativa en la gestión de estos servicios.
De otro lado, las familias más pobres tienen más dificultades para sostener a sus niños en las escuelas o llevarlos a los controles respectivos, por ejemplo, porque residen en lugares más remotos donde no hay escuelas o centros de salud. ¿Es recomendable en esos casos retirarles el subsidio a esas familias?
Ahora bien, no propongo eliminar las condiciones, pero su aplicación debe manejarse con mucho criterio para no afectar a los más necesitados. Versiones similares de este programa, como el Progresa mexicano, fue aplicado de manera “criteriosa”. Asimismo, Ecuador y Sudáfrica tuvieron transferencias no condicionadas que en algunos casos produjeron mayores impactos.
¿Qué hacer? Ciertamente, mejorar la calidad del monitoreo de los efectos sobre la salud y educación, porque el programa debe seguir siendo evaluado sobre esas bases. Pero la aplicación de las condiciones al nivel de los hogares debe ser “criteriosa” para no perjudicar a los más pobres. Más bien, el énfasis debe ser puesto en otorgar los recursos y especialmente los incentivos correctos para mejorar la calidad de esos servicios, ampliando así las oportunidades de las próximas generaciones.
Los programas de transferencias de efectivo como Juntos debieran propiciar el incremento de la inversión en la educación y salud de los niños, aun sin que el programa imponga las condiciones, dado que los padres valoran el bienestar de sus hijos. Pero en nuestras zonas rurales, los hogares muchas veces dejan de enviar a sus hijos a la escuela, en parte por necesidad, pero también por la escasa calidad de la educación que ahí reciben.
El peligro con estos programas es que soslayan esos problemas de calidad. De todas maneras, las condiciones se justifican cuando se piensa que la madre valora más el bienestar de sus hijos y, además, corresponde empoderarla en pro de la equidad de género.
Pero la aplicación estricta de los condicionantes también tiene sus bemoles. Ciertamente, hay problemas logísticos y de coordinación interinstitucional para conectar las transferencias a su cumplimiento. Pero más importantes son las complicaciones políticas y éticas de una aplicación estricta de las obligaciones mencionadas. Un primer problema potencial es que los funcionarios de las escuelas y centros de salud usen el mayor poder recibido de forma arbitraria, abusiva o corrupta, que ocurre frecuentemente por la falta de una tradición participativa en la gestión de estos servicios.
De otro lado, las familias más pobres tienen más dificultades para sostener a sus niños en las escuelas o llevarlos a los controles respectivos, por ejemplo, porque residen en lugares más remotos donde no hay escuelas o centros de salud. ¿Es recomendable en esos casos retirarles el subsidio a esas familias?
Ahora bien, no propongo eliminar las condiciones, pero su aplicación debe manejarse con mucho criterio para no afectar a los más necesitados. Versiones similares de este programa, como el Progresa mexicano, fue aplicado de manera “criteriosa”. Asimismo, Ecuador y Sudáfrica tuvieron transferencias no condicionadas que en algunos casos produjeron mayores impactos.
¿Qué hacer? Ciertamente, mejorar la calidad del monitoreo de los efectos sobre la salud y educación, porque el programa debe seguir siendo evaluado sobre esas bases. Pero la aplicación de las condiciones al nivel de los hogares debe ser “criteriosa” para no perjudicar a los más pobres. Más bien, el énfasis debe ser puesto en otorgar los recursos y especialmente los incentivos correctos para mejorar la calidad de esos servicios, ampliando así las oportunidades de las próximas generaciones.
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