Artículo publicado en El Comercio, Lunes, 15 de Setiembre del 2008
Por EduardoZegarra M. Grade
Hace unas semanas el Gobierno estuvo a punto de promulgar un reglamento que proponía el Ministerio de Agricultura para 'regular' el ingreso de semillas transgénicas al Perú en medio de una creciente oposición de consumidores, ambientalistas y gremios de agricultores y exportadores que temen perder mercado en productos orgánicos. Debe incluirse la propia oposición del ministro Antonio Brack. Se supo que el presidente ordenó el inicio de un debate público y someter cualquier nueva norma a publicación para su debate.
Hasta la fecha no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los sectores responsables no han iniciado un debate del tema.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y el INIA no se han dignado poner en conocimiento público su propuesta de reglamento, aumentado la desconfianza ciudadana con la simple pregunta: ¿qué quieren ocultar?
Iniciar el debate nacional es urgente, y es una tarea que debe impulsar el propio Gobierno. Planteo algunas preguntas a encarar.
En primer lugar, debemos discutir sobre la autoridad pública que debe regular la entrada de semillas transgénicas al Perú. Actualmente, un reglamento dice que dicha autoridad es el INIA, pero cuando se aprobó ese reglamento no existía un Ministerio del Ambiente con atribuciones de protección de la biodiversidad. Igualmente, los gobiernos regionales son actores imprescindibles en un esquema de regulación de la producción transgénica, ya que esta se realizaría en sus territorios.
Un segundo tema que ya está en la agenda del Congreso es el del etiquetado de alimentos con contenido transgénico. Esta medida es una demanda de los consumidores que tienen derecho a estar informados sobre atributos importantes de lo que consumen. Algunos plantean que el etiquetado haría subir los precios de los alimentos (incluso plantean cifras de hasta 30% sin mayor sustento).
Es cierto que requerimientos de etiquetado implican costos, pero lo es también que existen derechos de los consumidores que deben ser respetados, como lo son en países desarrollados, ¿y nosotros no?
Lo que habría que plantear es una política de regulación y etiquetado de los alimentos que se vaya desarrollando en etapas. Se puede iniciar con un etiquetado simple que advierta a los consumidores que el producto utiliza insumos importados de países productores de transgénicos. Luego se puede pasar a una etapa con certificación de la presencia transgénica específica en algunos alimentos importantes.
Finalmente, debe ser parte del debate una norma que declare la moratoria de cinco años para la entrada de semillas transgénicas para la producción interna en el Perú. Ya varios países europeos han optado por esta vía que nos permitiría tener un tiempo razonable para definir e implementar una estructura de autoridades y regulaciones en la materia, y preparar adecuadamente a nuestros técnicos y profesionales especializados.
Lo ideal es que los investigadores peruanos en ingeniería genética sí puedan desarrollar sus investigaciones, pero con un adecuado marco de bioseguridad. En este tema no es inteligente el libre mercado a cualquier costo, como el que impulsan los lobbies dentro del Ministerio de Agricultura. Requerimos reglas e instituciones que eviten a toda costa cualquier posible pérdida de biodiversidad en un país que puede y debe obtener mayores beneficios de este crucial recurso.
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