Artículo publicado en Perú 21, Jueves 12 de Junio del 2008
Por Javier Escobal*, GRADE
El proceso de elaboración de la información del Censo de Población y Vivienda del 2007, cuyos primeros resultados se acaban de publicar, dista mucho de aquel que el propio INEI instauró para someter a escrutinio público las metodologías para construcción de los indicadores de pobreza.
En el caso de la construcción de los indicadores de pobreza para el periodo 2004-2007, quienes participamos en el proceso podemos dejar constancia del profesionalismo del INEI y su vocación por mejorar la calidad de las bases de datos y las metodologías para construir indicadores de pobreza que fueran robustos, consistentes y replicables. La total transparencia del proceso se hace evidente en la decisión del INEI de poner a disposición del público toda la información, metodologías y códigos de programación para que usuarios independientes pudiesen reproducir los resultados y criticarlos, si así lo estimaban conveniente.
En cambio, cuando un grupo importante de la comunidad de investigadores, convocado por el Consorcio de Investigación Económica y Social, subrayó la importancia de no emprender la ejecución del Censo 2007 sin antes realizar una auditoría de procesos del Censo del 2005, para entender sus potenciales limitaciones y, si fuese necesario, diseñar un mejor Censo, el INEI prefirió aceptar la presión política y hacer el Censo 2007 "sí o sí".
El Censo fue hecho a todas luces "a la carrera". Se mantuvo la mayor parte de la cartografía del censo anterior a pesar de haberla criticado; el entrenamiento de los empadronadores fue muy limitado, y pocos días antes de la ejecución del censo, era evidente que la logística había fallado: una parte importante de los empadronadores no recibió una capacitación lo suficientemente detallada para garantizar que podía diligenciar una cédula censal bastante más complicada que la hecha en años anteriores.
Por si fuera poco, la encuesta post-censal -elemento crítico para poder evaluar la calidad del censo- se realizó de manera tardía (al igual que en el censo del 2005) y con cobertura limitada (apenas 6,000 viviendas), lo que afectaría las posibilidades de evaluar en qué medida la tasa de no respuesta que se ha calculado para este censo (2.8%, que equivale a más de 800,000 habitantes que no fueron censados) es válida.
La credibilidad del INEI, una vez más, estará en la picota. El Gobierno acaba de publicar el decreto supremo en el que se establece que el INEI es un "organismo técnico especializado". Como tal, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lo obliga a tener un Consejo Directivo.
El ejecutar rápidamente esta obligación, constituyendo un Consejo Directivo plural y sometiendo a consideración del Consejo la necesidad de hacer una auditoría independiente, podría ser un mecanismo que contribuya a que el INEI salga fortalecido, recupere la credibilidad que nunca debió haber perdido y no se vuelva a perder otro censo.
*Miembro de la comisión que evaluó la calidad de la metodología con que se calculó las cifras de pobreza.
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