Grade

Sobre el crecimiento del empleo formal

2011-02-04T08:25:00.000-08:00

Entrevista a Miguel Jaramillo, investigador de GRADE en el programa Mercado Express de Canal Willax.Tv, 02 de Febrero del 2011

Cambio y continuidad en la escuela peruana: una mirada institucional a la implementación de programas, procesos y proyectos educativos

2011-01-07T14:24:00.000-08:00

Por: Martín Benavides y Paul Neira, Eds.

A partir de su visita a las aulas, los autores ofrecen elementos útiles para analizar qué ocurre en diversas áreas de este ámbito educativo peruano. ¿Cómo adquieren sentido los discursos sobre la historia del Perú según el contexto institucional en el que se dictan? ¿De qué manera influyen las circunstancias sociales individuales en la implementación de los programas de educación bilingüe? Los procesos de capacitación docente ¿están tomando en cuenta las prácticas cotidianas asentadas en el tiempo? ¿Cuánto y de qué modo se relacionan las medidas que buscan mejorar la enseñanza con el contexto y los protagonistas del proceso? Esta valiosa indagación se sustenta en la necesidad de observar el nivel micro de las organizaciones para conocer la real interacción entre los hacedores de política, los actores locales y el entorno.

Alianzas público privadas a favor de la primera infancia en el Perú: posibilidades y riesgos de su aplicación

2011-01-06T09:03:00.000-08:00

Por: Gabriela Guerrero, Claudia Sugimaru y Santiago Cueto

Las alianzas público privadas (APP) son una modalidad relativamente reciente de trabajo por la cual se establecen convenios en los que ambas partes asumen compromisos y riesgos. Se han originado como una alternativa a la dicotomía entre oferta del sector privado y público, con miras a mejorar la efi ciencia y cobertura de servicios diversos. Si bien existen algunas experiencias y estudios internacionales interesantes de APP en educación, es muy poco lo reportado para la primera infancia. En el presente documento se muestan los resultados de un estudio que explora las posibilidades y riesgos que podría involucrar el establecimiento de APP para la intervención en primera infancia en el Perú. En la sección 1 se presentan algunos datos estadísticos sobre matrícula en educación inicial. Los resultados sugieren que la asistencia a centros de educación inicial en niños de 0 a 6 años se ve marcada por patrones de inequidad, ya que los programas formales del Estado suelen concentrarse en zonas urbanas y la posibilidad de asistir se asocia a características de los padres tales como su nivel educativo, el que su lengua materna sea el castellano y su nivel de gasto mensual. La sección 2 presenta una revisión de la literatura en torno a la formulación de APP, los aportes y difi cultades que estas alianzas representan, así como evidencia empírica sobre su efectividad. Dicha revisión muestra que la defi nición de APP así como de los roles del sector público y privado son variables por lo que dependen de las necesidades específi cas de cada alianza. Asimismo, la evidencia empírica muestra resultados mixtos acerca de la efectividad de las APP. En la sección 3 se presentan los objetivos y metodología específi cos del estudio. En la sección 4 se analizan algunos programas peruanos que podrían considerarse APP (por ejemplo, los Wawa Wasi institucionales y los CEI Fe y Alegría).

PISA y las inequidades en el sistema educativo

2011-01-05T12:50:00.000-08:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes, 04 de Enero del 2011

Por Santiago Cueto

A inicios de diciembre se publicaron los resultados del estudio internacional PISA, que evaluó el rendimiento de estudiantes de 15 años en matemática, lectura y ciencias. En nuestro país, gran parte de la discusión hasta el momento se ha centrado en una lectura parcial de los resultados y la búsqueda de responsables. Sobre esto último, PISA no está diseñada para establecer el éxito o fracaso educativo de gobiernos o programas específicos, sino que más bien funciona como un diagnóstico general del rendimiento de los estudiantes, asociando este a sus características y los contextos en que aprenden y viven.
Sobre el rendimiento de los estudiantes, PISA muestra que en promedio el Perú ha mejorado sustancialmente sus puntajes desde el 2001, y sin embargo seguimos hacia la cola de países participantes. Esto no significa que nuestro sistema educativo sea el peor o de los peores del mundo, como a menudo se ha dicho. PISA es una evaluación organizada por la OCDE para sus países miembros, y en ella se incluyen invitados con menor nivel de desarrollo como el Perú.
No es necesario exagerar los resultados, los existentes son muy preocupantes. Lo que se ha comentado poco es que PISA contiene otra información de sumo interés.
Uno de los resultados más impactantes es que la distancia en rendimiento entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y bajo es mayor en el Perú que en cualquier otro país evaluado. Este resultado confirma lo encontrado en otros estudios. Por ejemplo, un estudio internacional reciente de la Unesco y anualmente las evaluaciones del Ministerio de Educación encuentran resultados educativos más altos para estudiantes de nivel socioeconómico alto, de escuelas privadas, en zonas urbanas y con castellano como lengua materna. Por otro lado, PISA y estudios como Niños del Milenio muestran que los estudiantes con mayor rendimiento por lo general asisten a instituciones educativas con mayores recursos de infraestructura y personal, es decir, tienen mayores oportunidades educativas.
Este no es un problema reciente, por lo que la pregunta relevante es cómo lograr que la educación no sea un instrumento que perpetúe inequidades, sino que ayude al desarrollo de una sociedad más justa. Lo primero en esta línea debe ser seguir participando en evaluaciones y estudios que den datos sobre rendimiento, pero no basta con ver el ránking y el puntaje global, sino que se hace indispensable analizar factores asociados, de modo que con esa base se pueda diseñar políticas orientadas a elevar el promedio al mismo tiempo que se reducen inequidades como las mencionadas. Este debería ser un tema central en las propuestas educativas para la campaña presidencial que recién empieza.

Desigualdad en America Latina y el Perú

2010-11-11T06:23:00.000-08:00

Entrevista a Nora Lustig, Miguel Jaramillo, Investigador de GRADE y Máximo Torero por Jaime de Althaus en La Hora N, Martes 09 de Noviembre del 2010.

El don del sí y el don del no. Zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial participativo.

2010-09-27T14:37:00.000-07:00

Tomado de Videos PUCP, 23 de Setiembre del 2010

Manuel Glave, Investigador de GRADE, expone sobre "Zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial participativo" en el Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA.

Propuesta sobre seguridad alimentaria en el Perú

2010-09-23T13:56:00.000-07:00

Tomado de Videos PUCP, 21 de Setiembre del 2010

Eduardo Zegarra, Investigador de GRADE, expone sobre "Propuesta sobre seguridad alimentaria" en el Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA

Gobierno no cumple con metas de Acuerdo Nacional en materia educativa

2010-08-09T12:47:00.000-07:00

Tomado de Foro Educativo, 23 de Julio del 2010

Patricia Arregui, investigadora del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) señaló que pese a que el gobierno se comprometió a cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo Nacional de incrementar el presupuesto en educación hasta llegar al 6%, en términos nominales se percibe un crecimiento pero en términos absolutos es muy poco.

Durante su intervención en el programa Hablaeducación Debate, producido por Foro Educativo, la investigadora sostuvo que las cifras demuestran que lo que invierte el Perú en educación por alumno alcanza solo a la cuarta parte de lo que los países vecinos gastan.

Agregó que esto se debe a varios factores, entre ellos, la poca capacidad de gasto instalada y el mismo proceso presupuestal que tienen una tendencia hacia la inversión, lo que termina siendo nefasto.

“Hay que gastar más en educación, pero también se debe controlar cómo y en qué se hacen los gastos, porque hay áreas donde no se está dando cobertura, las escuelas unidocentes que necesitan ser fortalecidas”, afirmó.

De otro lado reconoció que existen avances importantes en las escuelas rurales, las escuelas públicas, pero aun hay una enorme brecha entre unas y otras que solo podrá cerrarse cuando haya mayores avances.

Por ello cuestionó la falta de una política que promueva la equidad en la educación, tema que dijo no ha estado en el centro de la preocupación del gobierno por razones de política económica y su firme convicción que la mejor política de equidad es la del crecimiento económico.

Arregui añadió que los avances que se han dado en educación son producto de medidas tomas sobre la marcha para atender debilidades encontradas en el camino, siguiendo líneas de acción que en determinado momento podría tener un impacto en la calidad y equidad de la educación.

Sobre la Iniciativa Think Tank del IDRC

2010-08-06T13:21:00.000-07:00

Entrevista a Martín Benavides, Director Ejecutivo de GRADE, por Rafo Valencia de Radio Canadá Internacional.

El día 30 de Julio, la Radio Canadá Internacional le hace una entrevista a María Urbina Fauser, oficial de programa con la Iniciativa Think Tank del IDRC y Martín Benavides, director ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima.

Escuchar entrevista

Municipalización sigue siendo un proyecto con muchas fallas

2010-07-05T15:07:00.000-07:00

Tomado de Foro Educativo, 25 de Junio del 2010

Néstor Valdivia, investigador de GRADE señaló que la Municipalización de la Educación es más un proyecto que una realidad, a pesar del plan piloto puesto en marcha por el Ministerio de Educación.

Valdivia dijo que existen problemas tanto en la parte de la propuesta, como la implementación de este plan, lo que no ha permitido que se den mayores avances.

Asimismo, afirmó que no se ha realizado realmente un piloto que sirva para demostrar que funciona o y que no. “No ha habido un diseño que experimente esto pueden hacer las municipalidades esto lo pueden hacer”, aseguró.

El investigador comentó que las fallas y problemas se han generado debido a que el proyecto se ha impulsado en medio de un desorden normativo, que es una herencia de los primeros pasos que se dieron en este camino allá por el 2002.

Una tercera falla de este plan es que se ha puesto mayor énfasis en la parte administrativa que es lo más fácil de hacer y la parte pedagógica se ha dejado para después, porque es lo más difícil de concretar.

La falla también radica en hacer un modelo uniforme y ese es un problema grave porque, aun cuando el modelo sea válido no podemos pensar que todas las municipalidades del país son iguales.

Por su parte, Fanni Muñoz, Asociada de Foro Educativo aseguró que el mayor problema del Plan Piloto de Educación ha sido la flexibilización del proceso de acreditación que exigía a los municipios contar con las condiciones mínimas para participar en la siguiente etapa.

Explicó que este es un proceso que consta de tres fases y deberíamos estar en la etapa de expansión en este 2010, siempre y cuando se validen los avances de la etapa de inicio.

Sin embargo, dijo, que recién en el 2009 se ha dado inicio a la transferencia administrativa, documentaria y presupuestal.
Con estos cambios, sostuvo, no se han tomado en cuenta las condiciones mínimas que deben reunir los municipios que recibirían las competencias pedagógicas establecidas en el marco de este plan.

Acerca de los 190 millones de soles transferidos por el gobierno a más de 1800 municipios, afirmó que esto corresponde a todos aquellos distritos que han pedido participar por primera vez de este proceso y no solo a los 35 que están acreditados para la siguiente etapa del Plan Piloto.

Formando microempresarias: impacto de la capacitación empresarial en las instituciones de microfinanzas y sus socias

2010-06-21T15:35:00.000-07:00

Los debates académicos y de políticas acerca de la actividad microempresarial se centran frecuentemente en las restricciones crediticias, asumiendo que los negocios se manejan de manera óptima dadas esas y otras restricciones. Los microempresarios, sin embargo, raramente tienen capacitación formal en gestión empresarial. Por su parte, un número creciente de instituciones de microfinanzas (IMF), en el Perú y el mundo, procura construir el capital humano de estos microempresarios para mejorar sus niveles de vida, contribuyendo a su misión de reducir la pobreza. Con ayuda de un diseño experimental, en este estudio medimos el impacto marginal de agregar un componente de capacitación en gestión empresarial a un programa de servicios financieros que atiende a mujeres microempresarias peruanas a través de la metodología de bancos comunales. Los grupos de tratamiento recibieron, por un período de entre uno y dos años, sesiones de capacitación de treinta a sesenta minutos de duración durante las reuniones habituales, semanales o mensuales, del banco comunal. Los grupos de control permanecieron como antes, reuniéndose con la misma frecuencia, pero únicamente para hacer pagos de préstamos y depósitos de ahorros. Encontramos evidencia de que el programa mejora el conocimiento de las microempresarias acerca de las buenas prácticas de gestión empresarial, pero los efectos sobre resultados clave como los ingresos, ganancias o nivel de empleo en los negocios son nulos o no del todo robustos. Sin embargo, las tasas de retención de las socias en las IMF sí aumentan significativamente.

Descargar: Texto completo

Claroscuros: situación de la desnutrición infantil

2010-05-24T07:31:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes 24 de Mayo del 2010

Por Eduardo Zegarra

El INEI acaba de presentar los resultados de la ENDES, encuesta de demografía y salud familiar, para el 2009. La encuesta registra que en el 2009 tenemos un 23,8% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, porcentaje que es inferior al 27,5% del 2008. Esta es una buena noticia para el país, pero debe considerarse que existe una tendencia inercial a la caída en este indicador por el declive en la tasa de fertilidad de las mujeres (especialmente rurales), y el hecho de que los niños entre 4 y 5 años del año anterior (2008) salen de la cohorte de medición, e ingresan los que tienen entre 0 y 1 año, con menor propensión a la desnutrición. Que no se mida la desnutrición en niños entre 5 y 9 años es un grave vacío de las estadísticas del país, que debería subsanarse a la brevedad posible. Pero los resultados tampoco son para festejar. En el Perú de hoy un 45% de los niños en el quintil más pobre sufre desnutrición crónica, y un 30% la padece en el segundo quintil. Con estas cifras es aún improbable que el Perú salga pronto de niveles muy altos de atraso social, menos pretender igualar resultados como los obtenidos por países vecinos como Chile o Costa Rica en la región.

La principal preocupación al respecto es que el Gobierno aún carece de una política de seguridad alimentaria que proteja a los sectores más vulnerables. Aunque es cierto que las autoridades pueden mostrar algunos éxitos en el manejo macroeconómico de la crisis financiera del 2009, deben reconocer serios problemas para avanzar en indicadores sociales importantes como los ligados a la alimentación. Es crucial que los políticos pongan la alimentación de la población en el primer punto de la agenda, que debe ser tema crucial en las próximas elecciones municipales, regionales y nacionales. Una de las claves es reformar los programas alimentarios como el del Vaso de Leche, una vasta red social de madres organizadas en torno a la alimentación que no ha tenido mayor impacto nutricional en los niños.

Este valioso programa debe ir dejando el enfoque de entregar raciones caras, insuficientes y de baja calidad alimentaria a los niños, para pasar al uso de bonos familiares orientados a eliminar la inseguridad alimentaria de las familias. Instrumentos de este tipo han sido mucho más efectivos en mejorar la alimentación de la gente en México rural (Progresa) y en todo Brasil (Bolsa Familia). También es importante que se establezca una reserva alimentaria en el presupuesto nacional para enfrentar los cada vez más previsibles shock de precios o problemas coyunturales de abastecimiento alimentario, como el reciente del azúcar, donde el Gobierno terminó orientando desordenadamente los pocos recursos del Banco Agrario (un banco supuestamente para los agricultores) hacia tres importadores de azúcar, no precisamente un ejemplo de buena gestión pública. Esperemos que el 2010 no sea otro mal año para la alimentación de los peruanos y que el 2011 tengamos mejores propuestas y resultados efectivos en materia alimentaria y nutricional.

Declarar en emergencia sector azucarero es una medida extraña y exagerada

2010-05-04T12:36:00.000-07:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, Investigador de GRADE, por Jimena de la Quinta en Rumbo económico de Canal N, Jueves 29 de Abril del 2010.

La otra crisis

2010-04-05T08:14:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes 05 de Abril del 2010

Por Eduardo Zegarra

La discusión centrada en el crecimiento sigue predominando en el discurso económico y político en el país, ocultando importantes dimensiones del desarrollo, como la desigualdad, la falta de seguridad en el empleo y los serios problemas alimentarios y de salud que enfrenta una enorme proporción de la población. Una de las paradojas de este enfoque se observó en el 2008, cuando el país tuvo un crecimiento de 10%, pero se registraron 1,2 millones más de peruanos con déficit calórico, es decir, con insuficiencia alimentaria.

Es cierto que la crisis internacional es un tema de gran importancia, pero no es menos significativo evaluar las implicancias y lecciones de esa otra crisis, ocurrida por la dramática subida de precios de alimentos en el 2007-2008, que aún no han vuelto a sus niveles anteriores para muchos productos. Esta otra crisis sigue siendo ignorada por el actual gobierno, que prefiere no ver lo que en cierta forma le incomoda, y que no ha articulado políticas coherentes al respecto.

Pero ya diversas cifras sobre el deterioro alimentario en los años 2007-2009 vienen apareciendo paulatinamente en las encuestas de hogares. Según la Endes, por ejemplo, si bien la desnutrición infantil habría caído de 21,5% en 2008 a 19% en 2009 (una caída modesta, pero importante), cuando se desagrega la cifra resulta que toda la mejora se ha centrado en los tres quintiles no pobres de la población, mientras que en el 40% en situación de pobreza ha habido un grave aumento de la desnutrición infantil. Esto es consistente con el aumento en el déficit calórico de la población en el 2008, que ha impactado en los hogares más vulnerables.

La carencia de una política de seguridad alimentaria, pese a que el tema es de vital importancia para millones de peruanos y peruanas, no ocupa aún mucho espacio en las preocupaciones gubernamentales.

Como bien le recordó Carlos Amat al presidente García en la reciente reunión con los G64, no es recomendable seguir discutiendo solo de crecimiento agregado y de perspectivas globales sin poner en primera línea la situación de los hogares más vulnerables. Estos hogares, que podríamos estimar en 40%, son vulnerables porque tienen un muy alto gasto relativo en alimentación, y son muy propensos a sufrir problemas nutricionales y de salud dados los precarios servicios básicos y la falta de una red de protección social que limite los impactos de shock económicos o climáticos cada vez más frecuentes. Es hora de que el Gobierno y los partidos políticos dejen de lado esta mirada ciega del crecimiento (y el cemento), y se concentren más en la alimentación, educación y salud de la gente. Más importante aun, es crucial que busquemos generar acuerdos para implementar políticas sostenidas que promuevan la inclusión y reduzcan la vulnerabilidad alimentaria de millones de hogares peruanos.

De quinto de primaria al fin de la secundaria en seis años: un estudio longitudinal en Puno

2010-03-23T10:08:00.000-07:00

El presente estudio reporta los resultados de un diseño longitudinal en el que se siguió a 304 estudiantes de zonas urbanas y rurales de Puno. Los estudiantes incluidos se encontraban en quinto grado de primaria en el 2000 y debían estar en quinto de secundaria (el fin de la educación básica) en el 2006, cuando se los volvió a encuestar y entrevistar. Se logró volver a entrevistar a 76% de los estudiantes de la muestra original; del resto, la mayoría había migrado fuera de Puno, de acuerdo con reportes de amigos y familiares. De los entrevistados, 69% habían avanzado sin repetir, 13% habían abandonado la escuela y el resto habían repetido uno o más grados. Por un lado, los resultados sugieren que el rendimiento en una prueba estandarizada de matemática en quinto de primaria tiene un peso estadísticamente significativo para explicar el rendimiento en comprensión de lectura y matemática seis años después, así como la probabilidad de avanzar de grado sin repetir. Por otro lado, la deserción escolar se asoció principalmente a la necesidad del estudiante de trabajar. En conjunto, el estudio sugiere la necesidad de encontrar mecanismos para apoyar el desempeño educativo de estudiantes de contextos de mayor pobreza y/o menor rendimiento, que si bien no son discriminados por el sistema, tampoco son atendidos en sus necesidades específicas.

Descargar: Texto completo

Eduardo Zegarra comenta sobre el Censo economico nacional

2010-01-26T07:07:00.000-08:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, Investigador de GRADE, por Jaime de Althaus en la Hora N, Martes 19 de Enero del 2010.

Se requiere un bono alimentario

2010-01-18T08:14:00.000-08:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, publicada en El Comercio, 16 de Enero del 2010

El economista de Grade deja al descubierto lo vulnerable que es nuestra población frente al alza de precios de los alimentos

Por: Marienella Ortiz Ramón

Si en un año en que crecimos 10% —como ocurrió el 2008— el número de pobladores con déficit calórico —léase hambre— aumentó en 1,2 millones de personas es un hecho que debería llamar a una profunda reflexión. Este llamado de atención lo realiza el economista de Grade Eduardo Zegarra, que junto a Jorge Tuesta tuvo por encargo de la FAO determinar el impacto del shock de precios de los alimentos que se vivió entre el 2007 y el 2008. Para Zegarra los peruanos pobres y no tan pobres están indefensos frente a los vaivenes externos en los precios de los alimentos, y eso requiere de soluciones urgentes, más aun cuando un shock similar podría repetirse este año, aunque en menor escala.

¿Cuál es la principal conclusión del informe?
Que el Perú carece de una política de seguridad alimentaria, lo que se vio muy bien reflejado en el shock de precios del 2008. El estudio se centró en medir el déficit calórico utilizando el indicador del INEI que evalúa si una familia está consumiendo los alimentos necesarios al día; si no lo logra, tiene déficit, y es una manera de decir que tiene hambre.

¿Y cuál fue el resultado?
El déficit calórico subió en el Perú de 28% a 31,6% entre el 2007 y el 2008. De un total de 8 millones de personas subió a 9,2 millones. Es un incremento muy significativo en un año en el que la economía del Perú creció 10% y cayó la pobreza en 4%.

Es paradójico.
Y nos lleva a pensar que no debemos ver solo la cifra de pobreza calculada en función de un gasto teórico de las familias. Debería ser una costumbre ver otros indicadores, como el déficit calórico, la desnutrición infantil y el acceso a los programas sociales. Además, otra cosa paradójica que vimos fue la caída del acceso de la gente a los programas sociales en plena crisis de precios.

¿Por qué?
Los programas sociales tenían el mismo presupuesto, pero los alimentos subieron. Allí es donde observamos poca capacidad de respuesta del Estado.

¿No fue una buena alternativa tocar las puertas de las casas para dejar alimentos?
Eso fue básicamente un show. Debió haber una reestructuración de los programas alimentarios, darles más recursos. En el Perú solo 50% de la población con déficit calórico tiene acceso a un programa alimentario, es decir, que de 9,2 millones solo 4,5 millones o 4,6 millones acceden a algún programa social. De otro lado, se ven cosas preocupantes: el déficit calórico en las zonas rurales aumenta tremendamente en el verano, en las vacaciones escolares, cuando los niños no reciben desayuno escolar o el vaso de leche. En general, los programas no están diseñados para enfrentar el problema alimentario de fondo: el déficit calórico.

Hace poco se dijo que la desnutrición había caído.
Sí, y eso se debe a cómo se mide la desnutrición a través del indicador de talla y peso. Mucho de esos buenos indicadores tienen que ver con mejores programas de salud y de atención a las madres, pues un niño no crece bien porque tiene muchas diarreas. No es que hayan mejorado los programas alimentarios. Este gobierno no le ha dado mayor prioridad al tema alimentario. Siempre repito que Lula (de Brasil) tiene el 80% de aceptación en gran parte por el éxito que tuvo el programa Hambre Cero, que garantiza a cada brasileño tres comidas al día.

¿Cómo replicar Hambre Cero?
Creo que cada país tiene que mirar su modelo. La creación del Consejo de Seguridad Alimentaria me parece central. También tendríamos que ir por el llamado bono alimentario, sin mucha burocracia ni logística. Con las cifras actualizadas al 2009, al menos se tendría que entregar un bono de US$88 a cada poblador anualmente.

¿Esto sería darle un cheque al poblador?
No sería un cheque de libre disponibilidad; es un bono para canje de ciertos alimentos. Si nos centramos en los más pobres, la cifra total del programa sería de US$570 millones al año.

¿Se tendrían que reestructurar todos los programas sociales?
Es necesario para que se articulen o complementen. Los programas tienen que estar centrados en sectores que no pueden cubrir sus alimentos. Hay una cierta idea de que el tema nutricional es solo para niños y ancianos.

La polémica sería si esta población se acostumbrara al apoyo y no se le exigiera nada.
Es uno de los problemas. En realidad, este tipo de programas debe tener mecanismos de entrada y de salida. Además, no creo que haya argumento válido para negar apoyo a una población gravemente afectada por la falta de alimentos. Igual es un dilema ético y moral gastar miles de millones en armamento y no US$600 millones para que la gente tenga lo básico.

¿Y en el 2009 las cosas no cambiaron mucho?
Algunos alimentos que no subieron mucho el 2008 tuvieron aumentos en el 2009. Por ejemplo, el plátano, las hortalizas frescas y el pollo. Al final, la inflación que yo tengo del 2009 de alimentos y bebidas es de 4,3%.

¿Esa cifra la difunde el INEI?
Lo que pasa es que la calculo en base al índice de todo el año y respecto al promedio del 2008. El INEI hace el cálculo mensual, entonces no te dice mucho. Lo que vemos es que la inflación de alimentos es mucho mayor que la inflación total en el 2009.

¿Cuál es la razón del incremento del 2009?
Hay cadenas en que las empresas tienen más capacidad de fijar precios. En el azúcar hay capacidad de fijación de precios, pues sigue siendo muy protegida (franja de precios). Eso les da un margen.

El gobierno dijo que hubo especulación el 2008.
Eso fue un error. Sin mayor evidencia comenzaron a decir que había especulación entre los minoristas cuando fue un tema internacional. El producto más emblemático fue el aceite que subió en 40% sus precios.

¿Se justificó esa alza?
Nosotros encontramos que no, que subieron mucho más de lo que debieron. Podemos decir que Alicorp, que tiene presencia mayoritaria en el mercado, cuando subió el precio internacional, subió sus precios; pero cuando bajó, no lo hizo en la misma proporción. Luego tuvieron que ajustar el precio.

Se especula que en el mundo habría un problema inflacionario este año, y eso podría arrastrar de nuevo a los alimentos.
Lo que ocurrió el 2007 y el 2008 podría volver a ocurrir, pues continúan latentes los factores que lo originaron: la mayor demanda de alimentos de China e India y la mayor producción de biocombustibles en EE.UU. (en base al maíz). Nadie descarta que tengamos otro shock de precios; quizá no tan fuerte pero igual afectará a los peruanos. Por eso es destacable que el MEF ya esté pensando en crear un programa de seguridad alimentaria. Sería ideal que se lance rápido.

La base de las calorías: el arroz

En el estudio se determina que el arroz es el sustento base de las familias peruanas.
En el Perú, el 20% de las calorías proviene del arroz. En la sierra es 10% porque está la papa. En la selva (el arroz) también es muy consumido, aunque el plátano juega un rol importante. De los tres, el arroz es más competitivo, porque se paga menos por la cantidad de calorías, consume menos energía en su elaboración y no es perecible. Por eso, la penetración del arroz es masiva.

¿El incremento del precio del arroz en el 2008 tuvo un impacto en la dieta diaria?
Felizmente somos productores eficientes de arroz. Si no usáramos tanta agua, estaríamos mejor.

En proteínas, el pollo es la estrella.
En la costa, sobre todo. En la sierra es la carne de cordero y en la selva, el pescado.

¿Y el pescado en la costa?
Tenemos un consumo per cápita muy bajo pese a contar con un inmenso litoral. Hay un tema de hábitos, nos gusta consumir los pescados más caros. Además, no nos gusta comer nada congelado, y esa es una gran restricción para aumentar el consumo de carnes. Eso limita la cadena alimentaria industrial.

Ley de Exoneraciones Tributarias en la Sierra

2010-01-15T10:34:00.000-08:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, Investigador de GRADE en Programa Radial Tierra Fecunda, Viernes, 15 de Enero del 2010.

Eduardo Zegarra, señala que la Ley 29482, no viene acompañada de políticas mas ambiciosas de inversión y capacitación en las regiones beneficiadas.

Para mayor información al respecto, revisar el artículo de Javier Escobal, Exoneraciones altoandinas: ¿y qué si me falta un metro?

Bono alimentario es una opción para combatir el hambre en el país

2010-01-13T13:59:00.000-08:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, Investigador de GRADE en RPP, Miércoles, 13 de Enero del 2010.

La implementación de una especie de bono alimentario es una buena opción para combatir el déficit calórico que ataca a más de nueve millones de personas en el país, aseguró Eduardo Zegarra, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo en Ampliación de Noticias de RPP.

El especialista resaltó que las cifras revisadas son alarmantes debido a que en el 2008, año en el que hubo un crecimiento de casi el 10 por ciento y una caída de la pobreza en casi 4 puntos porcentuales, aumentaron en 300 mil las familias que sufrían de déficit calórico.

"El año 2008 fue un año donde se sintió con mucha fuerza el shock de precios, pero el 2009, si bien no subieron en tal magnitud, tampoco bajaron", precisó.

Asimismo, mencionó que en el tema de los alimentos 'los mercados son los que tienen que funcionar', no obstante, existen problemas en ciertas cadenas alimentarias.

"Tenemos una dependencia bastante alta en algunos productos en las importaciones, como en aceite, en trigos y derivados. El pollo no es un mal alimento, tiene un precio razonable para la cantidad de proteínas que ofrece, es competitivo, sin embargo la industria avícola ha venido mostrando un comportamiento de cierta forma inestable en los últimos meses y eso preocupa a la población", aseguró.

Para combatir el déficit alimentario en la población, Zegarra, mostró la necesidad de aplicar una mejor política en el tema alimentario que promueva una dieta balanceada orientada al consumo de productos nacionales.

"Es importante empezar a pensar en una especie de bono alimentario, como el que tiene Estados Unidos o Brasil, esta país ha lanzado un programa importantísimo de 'hambre cero', cuyo objetivo es muy simple, que ninguna brasileño carezca de las tres comidas diarias de toda condición", indicó.

Además, consideró que debe haber un ordenamiento en el sistema institucional debido a que no se tiene muy clara la autoridad responsable del tema alimentario en el país.

Ver Video

La crisis en el empleo aún no pasa

2010-01-06T07:18:00.000-08:00

Entrevista a Miguel Jaramillo, publicada en El Comercio, Miércoles 6 de enero de 2010

Miguel Jaramillo no es gurú ni profeta, pero su experiencia en economía del trabajo y política social le permite hablar con autoridad sobre lo que ocurre en el mercado laboral y lo que podríamos esperar este año.

Por: Azucena León Torres

Se esperaba un 2009 de regular para malo en materia laboral…
El desempeño del mercado laboral en el 2009 no ha sido malo. Si observamos la información obtenida de la encuesta de variación mensual del empleo (al tercer trimestre) vemos que en términos acumulados este indicador, pese a la crisis, ha mostrado un ligero crecimiento. Es cierto que han habido comportamientos dispares, como en minería y en construcción, cuyos resultados fueron negativos. No obstante, en términos generales, las cifras han sido positivas.

Pero si se toman las cifras del tercer trimestre y parte del cuarto (donde o hay cifras ligeramente negativas o crecimientos nulos), vemos que la crisis recién empieza a reflejarse en el empleo.
Las cifras revelan que la desaceleración del empleo vino rezagada con respecto a la del sector productivo. Y es que despedir trabajadores no es algo sencillo. No solo porque se invierte mucho dinero en una capacitación específica, sino porque además los procesos de selección resultan muchas veces costosos. Cuando los empresarios ven que la caída de su producción y de las ventas no es temporal, entonces recién empiezan a despedir gente, que es lo que pasó con el sector textil y confecciones.

La ministra de Trabajo dijo que los despidos cesaron y que los 150.000 trabajadores que fueron afectados por la crisis ya fueron reabsorbidos por el mercado. ¿Lo peor para el empleo ya pasó?
Me parece prematuro realizar esa afirmación, pues en tanto la producción continúe rezagada, el empleo seguirá mostrando el mismo patrón. Solo cuando la producción haya tocado fondo y se empiece a recuperar en forma sostenida, el empleo empezará a crecer, pero uno o dos trimestres después.

¿La recuperación del empleo se dará en forma rápida o anémica?
Es cierto que la fortaleza de nuestro mercado interno contribuyó a evitar que el empleo cayera brutalmente o a que el desempleo se disparara (como ocurrió en otros mercados), pero no somos una isla. El empleo en el resto urbano cayó más que en Lima y eso es síntoma de que la crisis también puede afectarnos. Por lo pronto, no veo una recuperación sostenida, solo una estabilización de las cifras y lo más probable es que esa tendencia se mantenga en los meses siguientes, pues hay sectores como manufactura que todavía están mostrando un comportamiento inestable.

¿Cuánto tiempo nos tomará volver a registrar esas cifras de crecimiento precrisis?
Por lo menos dos trimestres. Quizá para el segundo semestre del 2010 empecemos a observar una tendencia más positiva por el efecto que se espera tendrá el sector construcción.

¿Por cada punto de expansión del PBI cuánto crece el empleo? Se decía que por cada dos era medio punto…
Eso depende de la composición del crecimiento. En la medida que esté ligado a inversión, este genera más empleo. Creo que la proporción es por cada dos puntos del PBI el empleo se expande en aproximadamente 1,7%.

En EE.UU. los analistas pidieron al presidente Barack Obama dictar más medidas para agilizar la recuperación del empleo. ¿El gobierno de García hizo lo suficiente para compensar a los que se vieron afectados por la crisis o pudo hacer más?
El principal factor que hizo que el mercado laboral peruano no sufriera tanto como en otros países fue la misma dinámica del mercado, pues cuando un peruano es despedido inmediatamente se las ingenia para generarse una actividad de autosubsistencia. Aunque me parece que los programas de formación laboral que promueve el Ministerio de Trabajo (tipo Construyendo Perú) pueden ayudar bastante más en términos de reubicar trabajadores.

¿Revalora Perú no le pareció una buena alternativa?
El problema es que uno no puede lanzar programas nuevos en un contexto de crisis y pretender tener efectos rápidos. Revalora Perú se empezó a pensar cuando la crisis ya estaba instalada. Ejecutar un presupuesto público y contratar empresas para la capacitación es algo que toma su tiempo.

¿Pero fue o no un acierto?
Mi impresión es que su impacto fue muy limitado. Una lección bien clara es que si no tienes mecanismos institucionales que permitan responder rápido a la crisis, el rol del Gobierno será limitado. Si uno realmente quiere hacer algo hay que comenzar a pensar en la próxima crisis (ya no en esta) y tener programas que efectivamente puedan crecer en un contexto adverso, como Construyendo Perú, que son programas básicamente de empleo temporal (focalizado), dirigido a personas con baja empleabilidad (70% son mujeres). Con algunos ajustes este programa puede ser de mucha ayuda en el futuro.

¿Y el programa de compras estatales Myperú?
Bueno, sin duda se trata de una iniciativa más interesante, porque incentiva la producción de la microempresa y pequeña empresa, y con ella el empleo. Pero hay que ver más detalladamente cuál ha sido su real impacto.

Un estudio del Instituto de Investigación para el Desarrollo (de Francia) reveló que en el 2009 las personas que trabajan en empresas informales llegaron a casi 6 millones. ¿Los cambios a la Ley Mype tuvieron algún impacto?
Muy poco. Básicamente porque no hubo un esfuerzo consistente en impulsar su implementación.

¿Qué faltó?, si muchos ministros anunciaron medidas y hasta tomaron a las mypes como su tema de bandera…
Todo. Nunca se implementó nada. La ley plantea buenas cosas, pero hubieron demasiados cambios ministeriales y transferencias del tema (del sector Trabajo pasó a Producción). El tema nunca despegó.

¿La remuneración mínima traba la formalización? El Mintra afina una propuesta para establecer un salario diferenciado por sector y tamaño de empresa, ¿esa es la mejor salida?
En una economía tan heterogénea como la peruana no tiene ningún sentido que la remuneración mínima sea la misma en Lima y en Huancavelica. Hay regiones donde el salario promedio es inferior al salario mínimo, eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Si tener políticas diferenciadas en ese sentido, es la mejor salida, sí lo es, sin duda.

Shock de precios y vulnerabilidad alimentaria de los hogares peruanos

2009-12-30T09:35:00.000-08:00

El presente estudio está orientado a cuantificar los efectos económicos del súbito aumento de los precios de alimentos en los hogares peruanos en el período 2007-2008 e identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad alimentaria. El estudio se enmarca en una serie de recientes esfuerzos por cuantificar los efectos económicos del pronunciado shock de precios de alimentos ocurrido entre el 2007 y el tercer trimestre del 2008 en diversos países. A diferencia de otros estudios recientes que se centran en pocos alimentos y efectos sobre el gasto alimentario y las líneas de pobreza, en este trabajo usamos el déficit calórico de las familias como indicador central para el análisis del impacto del shock de precios en el caso peruano. Estimamos funciones de demanda de un conjunto de 14 alimentos que significan 76% del consumo calórico de las familias peruanas con un modelo Tobit de elasticidades precio e ingreso variables con respecto al gasto, lo cual permite estimar respuestas diversas por grupos socioeconómicos y, por ende, identificar efectos heterogéneos de acuerdo con el nivel de gasto de los hogares.

Descargar: Texto completo

Exoneraciones altoandinas: ¿Y qué si me falta un metro?

2009-12-28T08:24:00.000-08:00

Artículo publicado en Perú 21, Domingo 27 de Diciembre de 2009

Por Javier Escobal, GRADE

Los centros poblados de Yanacancha Grande y Yanacancha Alta son dos centros poblados en el distrito de la Encañada, en la región Cajamarca. A pesar de su nombre, Yanacancha Alta, no es suficientemente alto y le falta un metro; mientras que al centro poblado vecino, Yanacancha Grande, le sobran metros para beneficiarse de la exoneración tributaria recientemente aprobada por el Gobierno. Según la estadística oficial, Yanacancha Alta se ubica en los 3,199 metros sobre el nivel del mar, y la altitud de su vecino es 3,553 metros.

En similar situación se encuentran los centros poblados de Yauyucan y El Hualte, también en Cajarmaca, o Sacha Grande, en la región La Libertad, que tienen 2,499 metros de altura y les falta un metro para que se les apliquen las exoneraciones a personas naturales establecidas en la norma. También se pueden mencionar a los centros poblados de Chongos, Nache y Sazón en la región la Libertad, Yanahuanca en Pasco, Huaripampa en Junín o Chupas en Huancavelica que se ubican a una altitud de 3,199 y les faltaría un metro para acceder a las exoneraciones tributarias que se le otorgarían a empresas que se ubiquen en zonas altoandinas.

Estos centros poblados se preguntarán ¿por qué los que tienen unos cuantos metros más que nosotros reciben estos beneficios y nosotros no? A algunos, incluso, se les ocurrirá elevar un par de metro su plaza de armas o moverla hacia una zona algo más alta para ver si en algo les puede beneficiar la norma promulgada. Y preguntarán con razón '¿acaso no somos nosotros igualmente pobres?’.

De hecho, estudios que hemos realizado en Grade, combinando la información censal con las Encuestas Nacionales de Hogares, nos han permitido estimar los niveles de pobreza a distintas altitudes. Como era de esperarse, la tasa de pobreza de quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 2,400 metros no es muy distinta. Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre quienes se ubican 50 o 100 metros por encima o por debajo de 3,200 metros.

Obviamente, no es que la altitud no importe. La altitud es un indicador que puede aproximar el grado de lejanía respecto a los bienes y servicios públicos que el Estado debiera proveer. Si existiera electricidad, telecomunicaciones, agua potable, desagüe y un buen camino que articule a estos centros poblados con mercados mayores, seguramente contarían con más y mejores oportunidades para aumentar las condiciones de empleo que estas poblaciones tienen. Obviamente, una exoneración tributaria no les dará mejores caminos o mejores servicios públicos. Más bien, son esos servicios públicos los que podrían atraer a empresas a ubicarse en esas zonas altoandinas.

Pero, como no hay mal que por bien no venga, permítanme sugerir que la norma recientemente aprobada por el Ejecutivo puede tener, a pesar de todos sus defectos, alguna utilidad. La decisión de partir arbitrariamente a la sierra entre quienes viven por debajo de los 2,500 metros y quienes viven por encima de esa altitud; y hacer lo mismo en la cota de 3,200 metros, puede permitir, de una vez y por todas, evaluar la ineficacia de las exoneraciones tributarias como mecanismo para promover el crecimiento en ausencia de una visión y una programa integral de desarrollo para la sierra. Luego de su eventual implementación, se podrá evaluar las diferencias de actividad económica, de ingresos y pobreza en las zonas inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo de las cotas de altitud establecidas. Si como –lamentablemente– es de esperar, no habrá diferencias significativas entre grupos poblacionales que tienen características socioeconómicas parecidas, tienen la misma base de recursos naturales, enfrentan la misma vulnerabilidad climática pero que la norma arbitrariamente ha diferenciado, se podrá demostrar, sin lugar a dudas, la ineficacia de este tipo de propuesta.

Es cierto que las demandas de desarrollo en la sierra son muy grandes y el costo de esperar para verificar que la política que se quiere implementar es ineficaz no es menor. Sin embargo, al menos tendremos el consuelo de contar con una prueba irrefutable que el tema del desarrollo rural en la sierra no se resuelve con una exoneración tributaria o un paquete tecnológico mágico, sino con un esfuerzo sostenido de políticas coordinadas.

Haciendo política a ciegas

2009-12-14T06:17:00.000-08:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes 14 de Diciembre del 2009

Por Ricardo Fort, Economista, GRADE

El último censo nacional agrario se realizó en el Perú hace 15 años. Como si nada importante hubiera ocurrido en el ámbito rural en los últimos años, el diseño de políticas para el sector sigue usando como base de información estructural el número de unidades agropecuarias, productores, parcelas y cultivos que se encontraron en el país hace más de una década y media.

En este contexto, se carece de información sobre cuestiones fundamentales como la tendencia a la reconcentración de la propiedad rural en ciertas regiones, así como la propensión a la extrema parcelación en otras, o la magnitud de los “efectos modernizadores” de las reformas económicas de la década del noventa en la estructura agraria del país. La falta de este conocimiento no permite un análisis ni global ni desagregado, y lo que se pueda evaluar solo se sustenta en evidencia casuística o anecdótica, insuficiente para proponer políticas e intervenciones adecuadas.

Pero los censos nacionales agrarios no solo permiten conocer las características estructurales del sector y de todas sus unidades agropecuarias en un momento del tiempo, sino que establecen un nuevo universo de unidades de producción (marco muestral) sobre cuya base se pueden realizar estudios más detallados y precisos, encuestando por muestreo a estos productores identificados.

El Ministerio de Agricultura (Minag), por ejemplo, está retomando un proceso de modernización de sus sistemas de información continua (como el cálculo del valor bruto de la producción agrícola, de gran importancia para las cuentas nacionales), para el cual resulta indispensable contar con información nacional actualizada que solamente un censo de este tipo puede proporcionar. En este mismo sentido, un nuevo censo resulta esencial como punto de partida para poder monitorear los efectos de las nuevas políticas que influenciarán en el sector durante los próximos años (una gran línea de base).

Pese a ser anunciado por los últimos tres ministros de Agricultura —incluyendo el actual— y de contar con avances significativos en su planeamiento y presupuesto, parece evidente que la falta de voluntad política y de consideración por un sector constantemente marginado es la principal causante de su retraso. La concentración de esfuerzos en generar políticas de corto plazo y establecer beneficios directos a los productores agropecuarios más necesitados solamente podrá ser eficiente y tener mayor efectividad cuando conozcamos mejor la estructura actual del sector, entendamos las razones de sus cambios, y seamos capaces de plantear lineamientos de mediano y largo plazo para su desarrollo.

De no obtener la aprobación para su ejecución en breve, es probable que esta importante tarea tenga que ser postergada por un par de años más debido a que entraría en conflicto con el proceso electoral del 2011. Esperemos entonces ver pronto publicado el decreto supremo que declare de interés nacional la realización del nuevo censo agrario, y que asigne el presupuesto necesario para su ejecución durante el 2010. Tal vez en estos días que el Congreso de la República discute el presupuesto público del próximo año nuestros representantes den el ejemplo al promover esta asignación en el hemiciclo.

Pobreza e impactos heterogéneos de las políticas activas de empleo juvenil: el caso de PROJOVEN en el Perú

2009-12-09T14:12:00.000-08:00

El presente estudio analiza la relación entre la pobreza de los hogares y los impactos de políticas activas de promoción del empleo en el Perú. En particular, analizamos el Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROJOVEN, que, desde 1996, ha beneficiado directamente a cerca de 50.000 jóvenes pobres. La situación de pobreza de los beneficiarios de PROJOVEN es aproximada con un índice basado en 21 activos de los hogares. Tres resultados principales emergen. Primero, las desigualdades demográficas y socioeconómicas encontradas entre los beneficiarios y la población elegible se deben principalmente a decisiones individuales de los jóvenes antes que a decisiones administrativas del operador del programa. Segundo, se observa alta heterogeneidad en la distribución de impactos por cuantiles de ingresos y fuertes diferencias en la distribución de impactos entre varones y mujeres. Tercero, la heterogeneidad de los impactos no se explica por el nivel de pobreza de los beneficiarios. Los más pobres entre los pobres se benefician igual del programa que los menos pobres. Es la entidad que proporciona los servicios de capacitación (calidad) la que explica la heterogeneidad de los impactos.

Descargar: Texto completo

Balance del 2009 en agricultura: seguimos a la deriva

2009-11-25T08:20:00.000-08:00

Por Eduardo Zegarra

El año que culmina ha sido un año difícil para todos los peruanos y peruanas. Luego de varios años de crecimiento superiores al 5% e incluso de 9% en 2008, este año terminaremos en el mejor de los casos sin crecimiento alguno. La crisis externa ha golpeado fuerte al Perú, tal y como se esperaría de una economía bastante abierta y expuesta a la caída de precios de materias primas. El sector agrario peruano no ha sido ajeno a esta crisis, y ha sentido con particular intensidad la caída de precios y la retracción del poco crédito que venía recibiendo, y sobre todo, ha seguido siendo víctima de la falta de políticas coherentes e integrales por parte del segundo gobierno de Alan García.

Uno de los sectores más perjudicados por la crisis externa fue el de los alpaqueros, que vieron el derrumbe de los precios de la fibra a niveles irrisorios a principios de año. La oligopolizada industria nacional no hizo mucho por proteger a sus proveedores, entre los más pobres del país, y ni el gobierno nacional ni gobiernos regionales lograron articular medidas efectivas para evitar el desplome de los ingresos de miles de familias alpaqueras. Es muy probable que este segmento, muy vulnerable de la población alto-andina peruana, haya tenido aumentos significativos en índices de pobreza y pobreza extrema este año.

Los productores comerciales también fueron afectados. Uno de los casos más dramáticos ha sido el algodón, que tuvo una caída en siembras de 80,000 a sólo 30,000 hectáreas en solo un año. Con el algodón sin rentabilidad, el grueso de agricultores costeños del norte, por ejempo, se orientaron a sembrar masivamente arroz, generando una sobreoferta que derrumbó los precios del grano. En conjunto, pese a ser un año con pocos problemas climáticos, el 2009 ha terminará siendo un muy mal año para la mayor parte de los agricultores nacionales.

Obviamente el sector agropexportador de grandes empresas también ha sido afectado con caídas de hasta 30% en el valor de las exportaciones orientadas tanto a USA como a la Unión Europea. Esto ha generado caídas de empleo en el sector agroindustrial, e un contexto donde los trabajadores y trabajadoras de este sector ya tienen serias dificultades por la malas prácticas de algunas empresas que no reconocen sus derechos laborales elementales. También ha sido un año difícil para miles de trabajadores en las empresas agroexportadoras costeñas que vieron una mayor precarización de sus fuentes de trabajo.

Este difícil panorama no fue adecuadamente enfrentado por los dos ministros de agricultura que hemos tenido este año. En el caso de Carlos Leyton, que recién empezaba a organizar su equipo y a definir políticas más claras para el sector, el problema fue que su proceso de aprendizaje fue muy largo para los ritmos de la realidad, y su salida a mitad de año no permitió hacer cambios significativos en un sector público agrario con graves problemas estructurales. Su sucesor, Adolfo De Córdova, es militante aprista y se ha dedicado en impulsar los controversiales Núcleos Ejecutores ordenados por el Presidente de la República el 28 de Julio, y a intentar moderar las mesas de concertación con los amazónicos (aún en proceso), pero con escasa capacidad para enfrentar los múltiples y complejos problemas de un sector como éste.

En un somero balance del 2009, seguimos con una agricultura sin políticas coherentes y estables. El MINAG no responde adecuadamente ni a coyunturas adversas como la crisis de precios y empleos de este año, ni a problemas estructurales como la falta de crédito, de tecnología e infraestructura. Para cerrar con broche de oro, el MEF retiró del Presupuesto de la República al Censo Agropecuario que iba a realizarse el 2010. Ahora no podrá haber Censo sino hasta después del 2011, y seguiremos sin una herramienta básica para diseñar y aplicar mejores políticas para nuestros dos millones de agricultores.

Informes sobre los gobiernos subnacionales en materia de gestión educativa.

2009-10-01T12:33:00.000-07:00

GRADE ha elaborado dos informes sobre la organización y experiencia de los gobiernos subnacionales (distritales, provinciales y regionales) en materia de gestión educativa.

Con el deseo de contribuir a una discusión reflexiva, sustentada en datos de diversas fuentes, sobre el tema de la distribución más adecuada de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, los invitamos a revisar los informes y a enviarnos cualquier comentario que pueda llevarnos a afinar o modificar las conclusiones y recomendaciones adelantadas.

Descargar:

Estudio sobre gobiernos locales y gestión de la educación: el caso de cinco municipalidades en el Perú

Estudio sobre gobiernos subnacionales y gestión educativa: informe final

Desarrollo rural en la sierra: aportes para el debate

2009-09-24T15:07:00.000-07:00

La presente públicación pretende ofrecer una mirada amplia y plural acerca de la cuestión del desarrollo rural en la sierra peruana sobre la base del trabajo realizado en el marco de la Red de Investigación sobre Desarrollo Rural de la Sierra, formada por investigadores del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE); y auspiciada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

Descargar: Texto completo

Conflicto con los pueblos amazónicos

2009-06-17T15:16:00.000-07:00

Entrevista a Manuel Glave, Investigador de GRADE, Oscar Espinoza, Coordinador de Antropología de la PUCP y César Guzmán Barrón, Director del Centro de Análisis y Resolución de conflictos de la PUCP por Jaime de Althaus en la Hora N, Lunes, 8 de Junio del 2009.

Ver más información: Poblaciones indígenas

¿Manipulando cifras?

2009-05-26T07:33:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes, 26 de mayo de 2009

Por Eduardo Zegarra

Como señaló acertadamente Richard Webb en El Comercio (23/5/2009), las estadísticas del INEI sobre crecimiento económico mensual están siendo usadas erróneamente por autoridades y medios de comunicación. Al margen de los cambios metodológicos introducidos por el INEI y las dudas sobre los resultados de marzo, las propias cifras oficiales indican que la producción del Perú ha entrado en una etapa de franca contracción desde setiembre del año pasado. No es cierto que haya un “menor crecimiento” o “desaceleración” como les gusta decir a las autoridades, sino decrecimiento productivo y punto. Tampoco es correcto decir que el Perú esté sintiendo menos la crisis que otros países de la región, usando el dato tradicional cuando lo que hay que hacer es medir la evolución de la actividad económica desde que la crisis empezó a golpear, es decir, medir su tendencia.

Y eso es lo que por ejemplo hacemos en el gráfico adjunto. Se tomaron los indicadores de actividad mensual oficial de otros tres países que usan la metodología de seguimiento mensual, Argentina, Chile y Costa Rica, y ajustamos las series con promedios móviles tres meses hacia atrás y dos hacia delante, como una forma de detectar con mayor rigurosidad las tendencias de corto plazo de la actividad económica de cada país.

La imagen que aparece es más cercana a la realidad de lo que está pasando con la economía peruana: está siendo tan o más afectada por la crisis que otros países. En este caso, por ejemplo, la serie ajustada por tendencia nos ubica peor que Costa Rica y Chile en cuanto a efecto acumulado de la crisis (a marzo 2009), pese a que para este año tendremos un “efecto estadístico” de mayor crecimiento del producto anual que estos dos países, que es el indicador que el Gobierno Peruano parece preferir para medir nuestro actual desempeño.

Lo adecuado en esta delicada coyuntura es que el INEI y las autoridades empiecen a mostrar las estadísticas de producción y crecimiento en forma más útil y transparente para la ciudadanía. En este caso, es mejor que el INEI publique tanto la serie tradicional, como una ajustada por tendencia (como hace con las cifras de empleo por ejemplo), de tal forma que podamos medir tendencias importantes en el corto plazo (seis meses) y no caer en espejismos estadísticos que no son una buena guía para actuar eficazmente en una de las peores crisis internacionales que nos ha tocado vivir.

A mejorar la productividad

2009-05-20T07:49:00.001-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Miércoles, 20 de Mayo del 2009

Por Juana Kuramoto,

Los efectos de la crisis ya se están sintiendo en el Perú y los sectores minero y textil han sido los más afectados, lo que se refleja en la reducción del empleo. La disminución de los precios de los metales convierte a ciertas operaciones en no rentables y, por tanto, dejan de explotarse lo que tiene como consecuencia el despido del personal que trabajaba en ellas. La contracción del consumo en EE.UU. y Europa, mercados principales de nuestras exportaciones textiles, ha significado la cancelación de pedidos de dichos productos y, por tanto, también ha ocurrido una reducción del empleo en este sector.
El desempleo es una consecuencia lógica de la crisis. En Estados Unidos se han perdido 2,8 millones de empleos durante el año pasado y la cifra de desempleo ha alcanzado el 8,1%. La situación no es diferente en Europa y España está enfrentando una tasa de desempleo del 18%.
Sin embargo, la magnitud de estas cifras también muestra una vulnerabilidad de los aparatos productivos. Según la OECD, el crecimiento de la productividad del trabajo en EE.UU. ha bajado en los últimos diez años desde alrededor de 3% en 1997 a menos de 1% en el 2007, año en el que ocurre una convergencia entre las productividades de Estados Unidos, Europa y Japón. Más aun, la productividad en la industria estadounidense es mucho menor que hace diez años y en el sector construcción decreció en 12% en el 2007.
No es de sorprender, entonces, que Barack Obama haya planteado un programa de mediano y largo plazo que apunte a promover la innovación tecnológica. Lo que se busca es fortalecer las fuentes de crecimiento sostenido. Entre las medidas propuestas están: aumentar el presupuesto de investigación científica básica en 100%, tornar permanente el crédito tributario de gastos en investigación y desarrollo, reformar el sistema de patentes, promover la reforma del Estado usando innovaciones tecnológicas que incrementen la eficiencia, así como mejorar la educación en matemáticas y ciencias.
Puede que la crisis nos esté afectando en una forma menos grave que a los países de la OECD, pero estas medidas de mediano y largo plazo son también sumamente pertinentes en nuestro país, cuya productividad total de los factores decreció en 0,33% en el período 1960-1999. Además, según las estadísticas disponibles, el Perú solo invierte entre el 0,11% y 0,16% del PBI en investigación y desarrollo y, de acuerdo con Indecopi, solo el 0,3%, 2,4% y 11,5% de nuestras exportaciones son de alta, media y baja tecnología respectivamente, mientras que el resto son productos primarios o bienes industrializados basados en recursos naturales.
El aumento de productividad sustentado en la innovación tecnológica es el mejor remedio para enfrentar la crisis y proteger el empleo porque las empresas más competitivas venden productos diferenciados que no son tan vulnerables ante shocks externos. Dichas compañías capacitan y retienen a sus trabajadores ya que bajan sus costos y aumentan su productividad sin despedir a su personal.

Boom agrícola y persistencia de la pobreza rural

2009-04-21T10:17:00.000-07:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, publicada en II Seminario Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural, Marzo de 2009

¿Existe relación entre boom agrícola y reducción de la pobreza rural?
En el estudio que hemos hecho en Perú, hemos encontrado una relación, aunque débil. El crecimiento agrícola que ha tenido Perú en los últimos diez años ha tenido algunos impactos, sobre todo en las zonas más modernas, sin embargo en la Sierra que es el sector donde se concentra el 70% de la pobreza rural el impacto ha sido nulo, lo que llama ha a mucha preocupación e indica que el sector agrícola no está teniendo los resultados que se esperaban en términos de reducción de pobreza y probablemente se requiera de políticas complementarias que puedan tener mayor efectividad.

¿Cómo se manifiesta esta relación?
El efecto es relativamente pequeño, ya que esperamos que un aumento en el producto agrícola del 10 %, sólo reduce la pobreza en 3%, eso contrasta con otros países como China en donde el crecimiento agrícola tiene efectos mucho mayores en reducción de pobreza.
“En el caso peruano los efectos del crecimiento agrícola en la disminución de la pobreza son bastante limitados.”

¿Cuáles son los aspectos relevantes para la superación de la pobreza en el contexto del boom agrícola?
Lo principal es que obviamente el sector agrícola no va a poder revertir los problemas de pobreza por si sólo, se requiere atacar otros ámbitos.
Primero, mejorar las propias políticas agrícolas, en segundo lugar una política social más agresiva como la que hemos visto existe en Chile o en Brasil en los sectores rurales, que lleva a una disminución de la desigualdad.
En general tener cuidado con el manejo de los recursos naturales, hay por ejemplo un tema en donde el crecimiento agrícola en la zona de la selva amazónica peruana esta generando impactos negativos sobre la sustentabilidad del medio ambiente.

¿Cuáles son las principales medidas que el Gobierno está tomando para apoyar la superación de la pobreza rural y qué efecto han tenido?
El Gobierno peruano ha lanzado algunas iniciativas recientemente, aunque aun no se observa una estrategia totalmente articulada, por ejemplo en el caso de la Sierra los problemas de pobreza aun no logran ser resueltos adecuadamente.
A pesar de que el año 2007 la pobreza cayó 4 o 5 % se espera que el 2008 haya crecido por el alza de los alimentos, especialmente en la Sierra el Gobierno no logra resolver los problemas de pobreza más agudos.

¿Hay medidas especiales en el contexto del alza de precios de los alimentos y la crisis económica?
En el caso de Perú el impacto que tuvo el alza fue significativo, ya que estimamos que la población con déficit calórico aumento casi 5 puntos. Pero el gobierno ha apuntado las iniciativas más al alza de la inflación que a la de los alimentos.
Esto ha sido contraproducente, se demostró el país requiere una mejor estrategia de seguridad alimentaria. El gobierno se dio cuenta y últimamente, a empezado a trabajar con el tema de la competencia en los mercados, para que los precios se regulen y la disminución en estos se vea reflejada finalmente.
De todas maneras hace falta algo que hemos propuesto, “Consejo Nacional de Seguridad Alimentaría”, para que en el futuro los sectores más pobres de la población no se vean tan fuertemente afectados con las alzas de los alimentos.

La crisis del empleo será focalizada

2009-04-06T08:19:00.000-07:00

Entrevista a Miguel Jaramillo, publicada en El Comercio, Sábado 4 de abril de 2009

¿El empleo formal logrará crecer este año? ¿A cuánto podría ascender el número de despedidos este 2009? Conversamos con el especialista de Grade sobre estos temas

Por: Azucena León Torres

En los últimos meses, el crecimiento de las tasas de empleo ha empezado a desacelerarse. Además, producto de la crisis, algunos sectores dejaron de renovar contratos y optaron por despedir personal. ¿El plan de estimulo económico y el programa de reconversión que alista el gobierno serán suficiente para capear el temporal? A estas y otras interrogantes responde Miguel Jaramillo, especialista en temas de empleo de Grade.

Por la intensidad que está teniendo la crisis se han ido modificando las cifras del PBI y el empleo. ¿Según sus proyecciones, cuánto crecerá el empleo formal este año?
En este momento no hay claridad sobre lo que sucederá en el mundo. Lo único claro es que a diferencia de otras economías que se verán seriamente afectadas por los activos tóxicos de EE.UU., lo que se observará en el Perú es un impacto en algunos sectores de la economía vinculados a la exportación, como minería y agroindustria. Aunque particularmente pienso que existen otros sectores que, con crisis o sin crisis, también mostrarían una desaceleración este año.

¿A qué sectores se refiere?
Construcción, por ejemplo, que en los últimos tres a cuatro años ha venido creciendo a tasas por encima del 20% al año, esas cifras no son sostenibles en el tiempo, más aun cuando empiezan a aparecer restricciones por el lado de la oferta. Otro sector que también iba a tener un ajustón, independiente de la crisis, es confecciones por la competencia china.

Entonces lo que se observará es una crisis focalizada del empleo…
Sí, lo que esperaría este año es un crisis focalizada en algunos sectores de la economía.

¿Pese a todo ello, el empleo formal logrará seguir creciendo?
No soy amigo de las proyecciones y menos en un entorno de tanta incertidumbre. Mi impresión es que habrá un crecimiento positivo, pero relativamente pequeño.

¿Lo suficiente para absorber a los 350.000 jóvenes que se incorporan al mercado cada año?
Ese es el reto, que ese crecimiento no sea menor de 2%. Si se cumple lo proyectado, este indicador estará entre 2% y 2,5%.

El presidente Alan García dijo que la crisis podría generar 200.000 despidos entre mayo y junio. ¿Cuál es su estimación?
En general pienso que deberían ser más cautos con las proyecciones; es muy difícil predecir a cuánto ascenderá la población despedida. Más aun, porque en el mercado laboral, así como se contrata, siempre se despide gente.

Pero hay sectores que se han caracterizado por contratar más y hoy están dejando de renovar contratos…
La minería no es intensiva en el uso de mano de obra. Además, lo que se ve, es que salvo el zinc, que continúa a la baja, el precio de otros minerales se viene recuperando y creo que este sector podría volverse a reactivar.

Sin embargo, en otros sectores que sí lo son se ve un impacto real. ¿Quiénes serán los más golpeados?
Los trabajadores menos calificados y los jóvenes serán los primeros en perder sus puestos de trabajo, o los que observarán más dificultades para insertarse en el mercado.

Con el plan de estimulo se espera reubicar a los trabajadores que serán cesados por sectores golpeados por la crisis. ¿Lo ve viable?
Todo dependerá de la eficiencia con la que se implemente ese plan. Parece buena idea expandir el gasto público, particularmente en infraestructura. Ahora, si me preguntas si ello generará empleo, no lo sé. Más aun cuando el año pasado se ejecutó la mitad de la inversión pública programada. Así las cosas, es difícil saber si las autoridades que no pudieron gastar la mitad de la plata que tenían en el bolsillo, lo harán este año y si gastarán mucho más.

¿Será posible la reubicación en construcción, si este sector está en plena desaceleración?
En la medida que funcione el plan anticrisis, al menos en el caso del sector minero, sí es viable, pues gran parte del empleo que generaba la minería era a través de subcontratación de obras (construcción de caminos, levantar piedras). El caso de confecciones y de agroindustria es más complejo. Este último sector emplea mucho mano de obra de mujeres en la cosecha del espárrago, por lo que trasladar esa fuerza a construcción será complicado.

¿El plan ayudará a evitar que la crisis se generalice?
En general, es una buena medida. Sin embargo, creo que se le podría dar un giro más pro empleo si se priorizan las obras en zonas donde se ubican los sectores más afectados. Por ejemplo, en Cajamarca hay que hacer un más “targetin” (análisis fino para identificar objetivos), si realmente se quiere generar empleo en zonas donde se registrarán las mayores pérdidas de empleo.

¿Cómo ve el programa de reconversión laboral?
Montar un programa de este tipo no es sencillo, hay que identificar las nuevas habilidades y el horizonte para el uso de estas. Su implementación puede demorar años y para que funcione necesitas implementar un sistema.

El Ministerio de Trabajo asegura que se lograrán las primeras colocaciones en 45 días…
Quizá funcione con algunos casos puntuales como minería y construcción, que tienen cierta similitud, pero el problema vendrá con otros sectores que son difíciles de reconvertir. ¿Qué se hace con un trabajador de confecciones o altamente especializado? Me parece más difícil que en 45 días ese trabajador esté listo para construir casas.

¿Cuáles serían las alternativas reales para este grupo?
Implementar más programas como La Compra del Millón.

Tiene dudas de la reconversión…
No es sencillo implementarlo, tomará su tiempo y me parece que instalar servicios de información pueden ayudar.

Juntos y sus condiciones

2009-03-24T08:13:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes 24 de marzo de 2009

Por Martín Valdivia

Evaluaciones recientes del programa Juntos parecen poner en duda la capacidad del Estado de exigir a los beneficiarios el cumplimiento efectivo de las condicionalidades asociadas a la asistencia de los niños a la escuela y a los establecimientos de salud para los controles respectivos. Sin embargo, hay aspectos más importantes que la búsqueda de una aplicación estricta de esas disposiciones, la que puede ser incluso inconveniente.

Los programas de transferencias de efectivo como Juntos debieran propiciar el incremento de la inversión en la educación y salud de los niños, aun sin que el programa imponga las condiciones, dado que los padres valoran el bienestar de sus hijos. Pero en nuestras zonas rurales, los hogares muchas veces dejan de enviar a sus hijos a la escuela, en parte por necesidad, pero también por la escasa calidad de la educación que ahí reciben.

El peligro con estos programas es que soslayan esos problemas de calidad. De todas maneras, las condiciones se justifican cuando se piensa que la madre valora más el bienestar de sus hijos y, además, corresponde empoderarla en pro de la equidad de género.

Pero la aplicación estricta de los condicionantes también tiene sus bemoles. Ciertamente, hay problemas logísticos y de coordinación interinstitucional para conectar las transferencias a su cumplimiento. Pero más importantes son las complicaciones políticas y éticas de una aplicación estricta de las obligaciones mencionadas. Un primer problema potencial es que los funcionarios de las escuelas y centros de salud usen el mayor poder recibido de forma arbitraria, abusiva o corrupta, que ocurre frecuentemente por la falta de una tradición participativa en la gestión de estos servicios.

De otro lado, las familias más pobres tienen más dificultades para sostener a sus niños en las escuelas o llevarlos a los controles respectivos, por ejemplo, porque residen en lugares más remotos donde no hay escuelas o centros de salud. ¿Es recomendable en esos casos retirarles el subsidio a esas familias?
Ahora bien, no propongo eliminar las condiciones, pero su aplicación debe manejarse con mucho criterio para no afectar a los más necesitados. Versiones similares de este programa, como el Progresa mexicano, fue aplicado de manera “criteriosa”. Asimismo, Ecuador y Sudáfrica tuvieron transferencias no condicionadas que en algunos casos produjeron mayores impactos.

¿Qué hacer? Ciertamente, mejorar la calidad del monitoreo de los efectos sobre la salud y educación, porque el programa debe seguir siendo evaluado sobre esas bases. Pero la aplicación de las condiciones al nivel de los hogares debe ser “criteriosa” para no perjudicar a los más pobres. Más bien, el énfasis debe ser puesto en otorgar los recursos y especialmente los incentivos correctos para mejorar la calidad de esos servicios, ampliando así las oportunidades de las próximas generaciones.

Una propuesta correcta

2009-03-24T08:12:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes 16 de marzo de 2009

Por Eduardo Zegarra

El presidente Alan García ha propuesto a Edmundo Beteta como contralor. Personalmente no simpatizo con el presidente García, pero creo que su propuesta en este caso es acertada y ecuánime. Conozco a Edmundo Beteta desde hace más de 20 años, estudiamos juntos en la Universidad Católica, coincidimos un corto período de trabajo en Apoyo, hemos seguido en contacto desde cuando se fue a Chile, donde estudió una exigente maestría en Economía, y ejerció la docencia y el trabajo de consultoría para el sector público con enorme éxito en el competitivo mercado chileno.

La oposición puede tener algo de razón al exigirle al presidente que cumpla con su promesa electoral de nombrar a alguien propuesto por ella. Sin embargo, dicha promesa no era la mejor opción para los peruanos. No necesitamos un contralor que tenga vínculos políticos con algún partido que pueda ejercer el poder en el 2011, incluyendo el partido de gobierno. En este aspecto Edmundo Beteta es una persona adecuada, no tiene vínculos políticos con ningún partido y su personalidad ha sido siempre la de una persona de criterio independiente al tomar decisiones. Uno de mis recuerdos más nítidos de Edmundo es cuando ejerció el cargo de fiscal de letras, en el que supo ejercer con objetividad y la necesaria neutralidad una responsabilidad siempre difícil en época de elecciones. Hoy la contraloría necesita a alguien así.

Se ha dicho equivocadamente que Edmundo Beteta es “amigo” del ministro Luis Carranza. El propio ministro se ha encargado de desmentirlo y en mi caso también confirmo lo dicho. Los tres estudiamos en la misma época y en la facultad Edmundo estuvo siempre más cerca de nuestro grupo más progresista de estudiantes de Economía, donde fuimos ambos miembros del centro federado y luego Edmundo fue presidente de este gremio de estudiantes en la facultad. No hubo nunca mucha cercanía entre las ideas económicas de Edmundo Beteta y Luis Carranza, ni parece haberla ahora.

La comisión del Congreso que debe evaluar la candidatura de Edmundo Beteta a la contraloría tiene todo el derecho de pedir y obtener toda la información necesaria sobre el candidato. En la práctica, la mayor parte son formalidades por ser absueltas rápidamente. Sin embargo, es claro que los congresistas no llegarán a conocer a la persona en tan pocos días. Al respecto, mi aporte para aquellos congresistas de buena fe es simple y sencillo. Beteta es un buen candidato a contralor, precisamente porque es y será absolutamente independiente. Con él como contralor, estoy seguro de que se harán cumplir con firmeza las leyes y se modernizará una institución crucial para que nuestro Estado funcione mejor. Tanto oficialistas como opositores deberían apoyar una candidatura que en este caso no tiene “cercanías” de ningún tipo con nuestra clase política y que puede ser una parte de la solución para la urgente reforma del Estado Peruano en los próximos años.

Lecciones del caso colombiano

2009-02-17T13:15:00.000-08:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes 17 de febrero de 2009

Por Raúl Andrade

Desde hace un tiempo la simplificación de trámites es considerada un requisito para mejorar la competitividad de las empresas. El tema cobra importancia para nosotros dada la reciente implementación del tratado de libre comercio de nuestro país con Estados Unidos, el descenso del Perú en el ranking de competitividad del Banco Mundial, y la importante presencia de empresas informales en nuestra economía.

Para que una empresa opere formalmente en Lima, ella tiene que realizar trámites que demoran en promedio 65 días, desde la verificación de la razón social de la empresa hasta que obtiene una licencia de funcionamiento, mientras que en otros países como Chile, México o Argentina, estos trámites toman menos de 35 días. Una vez en operación, la empresa recibirá visitas de inspección para verificar que está cumpliendo con diversas regulaciones.
Las regulaciones, cuando son bien diseñadas y se cumplen, facilitan el equilibrio entre la actividad empresarial y el desarrollo urbano, además que reducen el riesgo que algunas actividades empresariales pueden ocasionar en terceros. ¿Cómo comprometerse entonces a reducir los tiempos y costos de realizar estos trámites, teniendo a la vez regulaciones que sean efectivas? El caso de Colombia, uno de los principales reformadores en el área de trámites en la región, puede dar algunas luces. Contrariamente a lo que sucedió en el Perú, entre los años 2008 y 2009, Colombia mejoró 13 posiciones en el ránking de competitividad del Banco Mundial y, en promedio, el tiempo para que una empresa se constituya y opere se redujo de 42 a 36 días.
Cuando una empresa se registra legalmente en Colombia, queda identificada también para fines tributarios y laborales. Además, ya no se le exige licencia de funcionamiento para que opere, pues los objetivos de control y monitoreo de dicha licencia han sido reemplazados por un marco legal que se aplica apropiadamente a través del sistema de inspecciones. Este sistema de inspecciones ha sido reformado de manera que las empresas ya no son visitadas varias veces por instituciones distintas, sino que son sometidas a una sola inspección multipropósito, condicionada al riesgo que la actividad de cada empresa implica. Colombia también prevé iniciar reformas del trámite para obtener licencias de construcción, así como agilizar el trámite para cerrar empresas.
¿Qué elementos han influido para que Colombia mejore estas regulaciones de forma sostenida? En primer lugar, la simplificación de trámites es parte de la agenda política en el ámbito nacional y es seguida seriamente en la práctica por los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, cabe mencionar que no solo se simplifican los trámites que las empresas deben realizar, sino los que realiza cualquier ciudadano. En segundo lugar, hay una activa participación del sector privado en la promoción e implementación de estas reformas, así como en la administración de los servicios provistos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá es la que actualmente busca promover la reforma del trámite para cerrar empresas. Asimismo, el servicio de registro empresarial es provisto por las cámaras de comercio. Tercero, las reformas son implementadas en conjunto con sistemas para monitorear la calidad del servicio, lo cual evita retrocesos y, por el contrario, promueve mejoras continuas.
Es deseable que los esfuerzos por promover reformas en nuestro país incorporen estos elementos. Ello contribuirá a que se observen cambios reales y que estos sean sostenibles en el tiempo.

La crisis de los alpaqueros

2009-02-03T06:20:00.000-08:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes 03 de febrero de 2009

Por Eduardo Zegarra

La producción de fibra de alpaca involucra a decenas de miles de pobladores altoandinos, que en los últimos años habían empezado a aumentar sus ingresos por mejoras en precios, en su organización y en los procesos de certificación de la calidad de la fibra. Hoy, todos estos avances se están esfumando como efecto colateral de la drástica caída de la demanda por exportaciones textiles hacia nichos exclusivos en países desarrollados. Los productores alpaqueros y sus familias son un grupo poblacional muy vulnerable, el cual debe ser inmediatamente atendido por el gobierno con apoyos específicos en el marco del plan anticrisis y otras iniciativas.

El mayor problema es la dramática caída en el precio de la fibra de 14 soles por libra a solo 4 soles, en un contexto en que las compras de la industria prácticamente se han paralizado. La industria aduce un aumento significativo en sus inventarios, justo cuando los productores entran a la etapa de producción. Con los precios actuales, miles de familias alpaqueras tendrán una muy grave caída en sus ingresos, con efectos adversos en la salud, alimentación y educación de sus hijos.

En este contexto, el Gobierno debe evaluar dos tipos de medidas inmediatas de apoyo al sector de productores alpaqueros. En primer lugar generar una transferencia directa de recursos a las familias productoras, usando el programa Juntos con un buen sistema de información sobre las familias que deben ser atendidas. Este apoyo evitaría efectos negativos en las decisiones familiares sobre alimentación y salud de la población más vulnerable, y por otro lado podría evitar un sacrificio masivo de animales ante la drástica caída de precios.

El otro aspecto de las medidas por considerar son formas efectivas y rápidas de reactivar el mercado de la fibra de alpaca. Esto pasa por apoyar con líneas de crédito (por ejemplo de Cofide) a la industria para que pueda adquirir fibra a precios más competitivos, así como apoyar directamente a los productores organizados en centros de acopio. Igualmente, el Estado puede evaluar el otorgamiento de un subsidio temporal al precio de la fibra de alpaca bajo un esquema de formalización de los productores similar al de los productores de algodón.

En cualquier escenario se requieren tres cosas. Primero una clara decisión política del Gobierno por apoyar a sectores más vulnerables ante los efectos de la crisis internacional. En segundo término, se requiere un buen sistema de información y registro de la población de productores, el cual debe garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Y tercero, eficacia y capacidad de coordinación de la administración pública para diseñar e implementar las medidas de acuerdo a la urgencia, y siempre teniendo en cuenta la protección del bienestar de las familias beneficiarias. Como ciudadanos debemos exigir que el Gobierno esté a la altura del desafío, algo que lamentablemente no ha venido ocurriendo como lo demostró la respuesta estatal al terremoto del sur.

Último número de Análisis & Propuesta

2009-01-21T07:03:00.000-08:00

Boletín Nº 15, Diciembre 2008

Este número incluye dos artículos de interés: el primer artículo de Raúl Andrade sobre la calidad de vida en Lima Metropolitana y el segundo artículo de mi autoría, relacionado a la gratuidad de la enseñanza. Los invito a leer la publicación completa:

» La medición de la calidad de vida en Lima Metropolitana y la influencia de los factores individuales, públicos y sociales, por Raúl Andrade

» ¿Derecho vulnerado?: gratuidad de la educación pública, contribuciones económicas familiares y equidad, por Martín Benavides

Uniendo fragmentos: conflictos y políticas públicas

2008-11-25T06:47:00.000-08:00

Por Gerardo Damonte

Los recientes conflictos ligados al sector minero-energético en Sicuani y Tacna nos vuelven a mostrar dos problemas sociales recurrentes en el Perú de la última década. Por un lado, el deficiente funcionamiento de canales y mecanismos institucionales de diálogo. En la mayoría de los casos, el descontento y las demandas son visibles con anterioridad al desarrollo del conflicto, sin embargo, el gobierno pareciera escuchar y responder sólo a partir de la protesta violenta. Así, se corre el riesgo de institucionalizar la violencia como mecanismo efectivo de conseguir respuestas de un aparato estatal que de otra manera pareciera ausente o sordo.

Por otro lado, en los conflictos del sector se aprecia la ausencia de interlocutores regionales y nacionales con poder de representación que puedan articular la diversidad de demandas sociales y proponer políticas alternativas. Prácticamente cada conflicto genera su propio pliego de reclamos y su conjunto de grupos de interés que, aunque unidos coyunturalmente en “comités de defensa,” prefieren establecer negociaciones directas con comisiones de “alto nivel”, es decir, con ministros o viceministros de estado. En este escenario, el gobierno tiene que lidiar con una multiplicidad de demandas particulares y actores políticos locales que, además, compiten entre sí por la atención estatal. Así, cada proyecto extractivo puede propiciar sus propias demandas, interlocutores políticos y conflictos particulares, incidiendo en una fragmentación de un escenario político en constante movilización, lo que definitivamente no ayuda a la estabilidad del país.

El estado peruano ha hecho esfuerzos para mejorar los mecanismos de consulta y participación en las áreas de influencia de los proyectos mineros y energéticos. Asimismo, ha asignando mayores recursos, vía canon o fideicomisos, a las localidades donde se ubican dichos proyectos, con el fin de facilitar su desarrollo. El problema, en mi opinión, radica en supeditar dichos esfuerzos al desarrollo extractivo. El diseño de mejores políticas de participación y redistribución no deben responder a las necesidades de un sector económico, y menos de un proyecto específico, sino a las necesidades y prioridades de la sociedad nacional en su conjunto.

El reto es crear canales de diálogo permanente entre el estado y la sociedad organizada con mecanismos que favorezcan la consolidación de mediaciones políticas efectivas y representaciones regionales y nacionales, así como establecer políticas de redistribución con criterios más sociales que territoriales, que busquen generar alianzas más que competencia entre las poblaciones beneficiarias.

Crisis financiera e instituciones globales en cuestión

2008-11-06T07:15:00.000-08:00

Por Eduardo Zegarra

La crisis financiera global ya viene afectando al crecimiento económico de los países industrializados, generando hasta ahora respuestas poco coordinadas y de alto costo fiscal en USA y Europa, las que parece serán poco efectivas para evitar una recesión mundial ya en curso. Y aunque un esfuerzo más coordinado entre los países centrales parece estar en ciernes, queda la duda si el mundo capitalista cuenta efectivamente con instituciones y reglas adecuadas para enfrentar una desorganización económica que se suponía no podía volver a ocurrir desde la traumática experiencia de la década de los treinta.

Una de las pocas cosas positivas de una crisis de esta magnitud es que se generan espacios para un debate más amplio y pluralista sobre las opciones que tienen los países para enfrentar, no sólo una crisis financiera de escala global como ésta, sino problemas más profundos de pobreza, desigualdad y deterioro ambiental. La comunidad internacional debe volver a poner en discusión las reglas económicas y financieras diseñadas por las potencias capitalistas desde la post-guerra, y cuyas entidades más representativas son el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Estas reglas hasta ahora han mostrado enormes limitaciones para enfrentar estos gravísimos problemas.

Una muestra de esto ha sido la casi total indiferencia de los países ricos del norte frente a la crisis alimentaria que viene afectando a millones de seres humanos y profundizando la pobreza en amplias zonas del mundo. Según cálculos de la FAO se necesitaban US$ 30 mil millones para evitar los actuales efectos nocivos de la crisis alimentaria en las poblaciones más vulnerables del planeta, un monto que es menor al 5% del rescate financiero aprobado recientemente en USA para evitar el colapso del sistema financiero norteamericano. Bajo las reglas actuales no fue posible movilizar estos recursos fundamentales. Es evidente que el orden de prioridades no está puesto en las necesidades de millones de seres humanos en situación vulnerable, sino en otro lado.

En mi opinión, una de las discusiones más importantes en torno a la crisis internacional es si podremos (o queremos) ver emerger un nuevo sistema de reglas más equilibradas en términos económicos, sociales y ambientales en el mundo, donde tenga real prioridad la satisfacción de necesidades básicas de todos los seres humanos sin exclusiones, con crecimiento sostenible, con equidad y amplias libertades políticas y civiles. Este es el verdadero debate y desafío que tenemos por delante y que no debemos perder de vista.

Asistencia docente y rendimiento escolar: el caso del Programa META

2008-10-29T15:10:00.000-07:00

"Les recomiendo leer el último Documento de Trabajo de GRADE. Esta publicación analiza la implementación del programa META que incentivó el cumplimiento de la asistencia de los profesores de escuelas rurales a sus centros educativos. Asimismo, el documento examina el impacto que tuvo el programa en el rendimiento de los estudiantes. La publicación es particularmente atractiva porque aborda un tema poco estudiado, aunque de suma importancia para el desarrollo de políticas actuales, como por ejemplo, la implementación de las varias veces mentada Ley de la Carrera Pública Magisterial."

Texto completo

Análisis de programas, procesos y resultados educativos en el Perú: contribuciones empíricas para el debate

2008-10-29T14:32:00.000-07:00

Son pocas las publicaciones en educación que se hacen en base a resultados de investigaciones. Esta publicación reúne sin embargo estudios hechos por investigadores e investigadoras educativos de diferentes instituciones y con diferentes aproximaciones. Debido a ello, termina siendo una oportunidad de poder tener una idea global pero informada empíricamente, de qué es lo está ocurriendo con diferentes procesos y resultados en educación. Los trabajos abordan temas tales como los factores asociados al rendimiento, la deserción escolar, el acceso a educación superior y la relación de ésta con la etnicidad y el género, las características de programas de formación docente. De igual modo, se presentan estudios sobre la “cultura realmente existente” ejercida por los escolares y la cultura organizacional que se refleja en las instituciones educativas como las Unidades de Gestión Educativa Local, pero también la escuela y los programas de intervención educativos.

Texto completo

La agenda del ministro Leyton

2008-10-20T12:53:00.000-07:00

Artículo publicado en La República, Sábado 18 de octubre de 2008

Por Eduardo Zegarra

La designación de Carlos Leyton como nuevo ministro de Agricultura del gabinete de Yehude Simon representa un cambio importante en las prioridades de la política agraria del gobierno. Como se sabe, Leyton ha sido hasta hace poco vicepresidente regional de Arequipa y ha venido trabajando en temas de desarrollo regional y multirregional en la sierra sur del país. En unas declaraciones iniciales ha planteado la necesidad de orientar un mayor esfuerzo gubernamental hacia la sierra y selva, regiones que han sido poco atendidas (y entendidas) por el saliente equipo, y también por el gobierno en su conjunto.

Los temas en la agenda del ministro Leyton son múltiples. Por un lado, deberá lidiar con algunos problemas generados por las 19 leyes dadas por Benavides en el marco del TLC sin mayor consulta con el Congreso, los gremios agrarios o las regiones. Algunas de estas normas han sido de las más controversiales del paquete legislativo del gobierno (dos de ellas fueron derogadas en medio del levantamiento amazónico) debido a que, por ejemplo, buscan liberalizar aún más la legislación de tierras, desregular el uso de agroquímicos y permitir la producción transgénica en el Perú (promoviéndola desde el propio INIA con la oposición del ministro del Ambiente, Antonio Brack). Una medida que el nuevo ministro de Agricultura debe tomar es someter la legislación más polémica a una revisión y posible modificación.

Además de esto, Benavides inició una amplia reorganización del Ministerio de Agricultura que no tomó en cuenta para nada el proceso de regionalización. A raíz de dicha reorganización se han concentrado aún más en el nivel central el manejo de los recursos de inversión pública en el sector agrario y rural en desmedro de las regiones. Se espera que un ministro de origen provinciano haga cambios importantes en estas orientaciones para promover una gestión más descentralizada y eficiente.

Finalmente, un tema en el que Leyton podría generar cambios sustanciales en la política agraria se refiere a la concepción del gobierno sobre las potencialidades de los pequeños agricultores. El saliente ministro Benavides tuvo permanente desconfianza hacia la pequeña producción, inspirado en sus prejuicios y en los que expresó el propio Presidente en sus artículos sobre el Perro del Hortelano. Esto llevó a que Benavides bloquee iniciativas de desarrollo campesino como la de los Yachachic en la sierra sur (sierra productiva) o a que minimice las potencialidades de la agricultura orgánica versus su patrocinada agricultura transgénica. El nuevo ministro Carlos Leyton debe plantear una visión menos excluyente para el desarrollo de nuestra agricultura, con un rol protagónico para los pequeños productores de la sierra y selva.

Urgencia de la reforma de la educación técnica

2008-10-14T09:36:00.000-07:00

Artículo publicado en Perú 21, Jueves 9 de octubre de 2008
Por Miguel Jaramillo

Un patrón bien establecido en América Latina y en el resto del mundo es que el cambio tecnológico contemporáneo, a diferencia del que siguió a la Revolución Industrial, demanda mayores destrezas del trabajador. En efecto, la Revolución Industrial permitió la sustitución de artesanos relativamente calificados por mano de obra menos hábil y más enfocada en tareas más específicas y mecánicas. La evidencia alrededor del mundo sugiere que, por el contrario, el actual cambio tecnológico requiere mayores habilidades. Así, en las últimas dos décadas, las recompensas en términos de ingresos que reciben las personas por tener educación básica han caído y, en cambio, se han elevado las retribuciones a los que alcanzan la educación superior: esto es, la brecha entre lo que ganan los trabajadores calificados y no calificados ha crecido.

El patrón es similar en el Perú. En los últimos dos ciclos de expansión económica, los beneficios por tener educación secundaria han descendido, mientras que los rendimientos de tener educación universitaria han crecido. Esto se ha dado en un contexto en el que el nivel educativo de la PEA se viene elevando: los trabajadores con educación primaria (o menor) son una porción cada vez más pequeña de la PEA, mientras que aquellos con secundaria y superior no universitaria han incrementado su presencia en el mercado laboral. La caída de los retornos a la educación secundaria está asociada a este aumento en la oferta relativa de trabajadores con nivel secundario. La gran paradoja es que los retornos a la educación superior no universitaria no han seguido el mismo patrón que la universitaria y el de otros países de la región, sino, más bien, han caído. La pregunta de por qué viene ocurriendo esto es importante porque, así como cada vez más jóvenes completan la secundaria, también buscan en carreras técnicas la preparación para el mercado laboral que la secundaria no les brinda.

La respuesta no está por el lado de la demanda: las empresas requieren cada vez más personal calificado. En la última década, la demanda de trabajadores con educación superior no universitaria ha crecido más rápidamente que la de aquellos con nivel universitario. El problema está en la oferta: no existe un sistema que asegure niveles mínimos de calidad para la formación técnica, ni sistemas de información para que los jóvenes o sus padres puedan discriminar entre entidades buenas y malas. Se desperdician las oportunidades que trae el cambio tecnológico y cada vez más jóvenes ven frustradas las expectativas que los llevaron a invertir en su formación. Una reforma de la educación superior no universitaria que apunte a mejorar su calidad debería ser una prioridad para las políticas de gobierno.

Sobre poblaciones indígenas

2008-09-19T08:08:00.000-07:00

Les recomiendo ver el último número de Inter American Dialogue, August 28, 2008

How Can Peru Balance Economic Growth and Indigenous Land Rights?

A strike by indigenous tribes in Peru’s Amazon region ended last week when legislators agreed to revoke a controversial law— decreed by President Alan Garcia to comply with provisions of the Peru free trade agreement—that made it easier to approve the sale of communal lands.

Garcia called repealing the law a "mistake" that would deter investment in Peru’s poorest regions. Is this likely? How can balance expansion of its energy and industrial sectors with the land rights of its indigenous people?

Con comentarios de:
Jaime Quijandría is a Partner at Laub & Quijandría, a law and consulting firm in Lima
Andrew E. Miller is an Environmental and Human Rights Campaigner at Amazon Watch.
Manuel Glave is a Senior Researcher at the Group for the Analysis of Development in Lima

Pueden ver el artículo completo en:
http://www.thedialogue.org/uploads/LAA/Daily/2008/LAA080828.pdf

Para más información sobre el tema, pueden ver la entrevista que me hace Jaime de Althaus el día 19 de Setiembre del 2008 en la Hora N:

¿Y el debate público?

2008-09-15T15:39:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes, 15 de Setiembre del 2008

Por EduardoZegarra M. Grade

Hace unas semanas el Gobierno estuvo a punto de promulgar un reglamento que proponía el Ministerio de Agricultura para 'regular' el ingreso de semillas transgénicas al Perú en medio de una creciente oposición de consumidores, ambientalistas y gremios de agricultores y exportadores que temen perder mercado en productos orgánicos. Debe incluirse la propia oposición del ministro Antonio Brack. Se supo que el presidente ordenó el inicio de un debate público y someter cualquier nueva norma a publicación para su debate.

Hasta la fecha no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los sectores responsables no han iniciado un debate del tema.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y el INIA no se han dignado poner en conocimiento público su propuesta de reglamento, aumentado la desconfianza ciudadana con la simple pregunta: ¿qué quieren ocultar?

Iniciar el debate nacional es urgente, y es una tarea que debe impulsar el propio Gobierno. Planteo algunas preguntas a encarar.

En primer lugar, debemos discutir sobre la autoridad pública que debe regular la entrada de semillas transgénicas al Perú. Actualmente, un reglamento dice que dicha autoridad es el INIA, pero cuando se aprobó ese reglamento no existía un Ministerio del Ambiente con atribuciones de protección de la biodiversidad. Igualmente, los gobiernos regionales son actores imprescindibles en un esquema de regulación de la producción transgénica, ya que esta se realizaría en sus territorios.

Un segundo tema que ya está en la agenda del Congreso es el del etiquetado de alimentos con contenido transgénico. Esta medida es una demanda de los consumidores que tienen derecho a estar informados sobre atributos importantes de lo que consumen. Algunos plantean que el etiquetado haría subir los precios de los alimentos (incluso plantean cifras de hasta 30% sin mayor sustento).

Es cierto que requerimientos de etiquetado implican costos, pero lo es también que existen derechos de los consumidores que deben ser respetados, como lo son en países desarrollados, ¿y nosotros no?

Lo que habría que plantear es una política de regulación y etiquetado de los alimentos que se vaya desarrollando en etapas. Se puede iniciar con un etiquetado simple que advierta a los consumidores que el producto utiliza insumos importados de países productores de transgénicos. Luego se puede pasar a una etapa con certificación de la presencia transgénica específica en algunos alimentos importantes.

Finalmente, debe ser parte del debate una norma que declare la moratoria de cinco años para la entrada de semillas transgénicas para la producción interna en el Perú. Ya varios países europeos han optado por esta vía que nos permitiría tener un tiempo razonable para definir e implementar una estructura de autoridades y regulaciones en la materia, y preparar adecuadamente a nuestros técnicos y profesionales especializados.

Lo ideal es que los investigadores peruanos en ingeniería genética sí puedan desarrollar sus investigaciones, pero con un adecuado marco de bioseguridad. En este tema no es inteligente el libre mercado a cualquier costo, como el que impulsan los lobbies dentro del Ministerio de Agricultura. Requerimos reglas e instituciones que eviten a toda costa cualquier posible pérdida de biodiversidad en un país que puede y debe obtener mayores beneficios de este crucial recurso.

Municipalización de la educación: ¿es la salida?

2008-09-12T13:46:00.000-07:00

Artículo publicado en Perú 21, Miércoles 10 de Setiembre del 2008

Por Néstor Valdivia Grade

En el año 2007, el gobierno inició un Plan de Municipalización de la Gestión Educativa con una experiencia piloto en 56 municipios distritales del país. El plan establece nuevas competencias educativas para las municipalidades y prevé una etapa de expansión en 2009 y otra de generalización a partir de 2010.

Cabe preguntarse si las municipalidades distritales son las instancias más adecuadas para convertirse en el eje de una gestión educativa descentralizada. Preocupan, en este sentido, las limitaciones de recursos y la débil capacidad de gestión que caracterizan a la gran mayoría de los gobiernos locales, así como el peligro de ahondar las inequidades educativas entre localidades.

En todo caso, si el gobierno ha decidido apostar por ese modelo, debería concebirlo como una propuesta abierta y el Ministerio de Educación tendría que asumir a plenitud el carácter piloto de la experiencia emprendida. Sin embargo, se ha anunciado la incorporación de más de 100 nuevos municipios al Plan Piloto, además de la inclusión de instituciones de nivel secundario. Con ello se corre el riesgo de adelantar una etapa, inicialmente prevista para 2009, sin siquiera haber analizado los problemas encontrados, ni haber identificado las lecciones replicables que podrían extraerse de algunas municipalidades.

Por otro lado, la marcada heterogeneidad de los gobiernos locales en el Perú exigiría darles tratamientos diferenciados, lo que demandaría tener instalada una metodología rigurosa de monitoreo y evaluación, tanto de los municipios participantes como de las 26 municipalidades de 'control’ incorporadas en el Plan Piloto. Solo así se podría afinar, en el futuro, un proceso gradual de transferencia de responsabilidades.

El Plan de Municipalización prevé transferir a las municipalidades distritales la contratación y los pagos del personal docente y administrativo de las instituciones educativas, así como la implementación de programas de capacitación docente, el control de la asistencia de los maestros y la distribución de material educativo. Estas responsabilidades exceden –con creces– la experiencia de los gobiernos locales, casi siempre centrada en construcción y refacción de locales escolares. Por eso, es crucial que el proceso de municipalización de la educación –incluso en esta fase piloto– vaya acompañado de un programa de desarrollo de capacidades y de asesoría a las municipalidades. Asimismo, es importante dotarlas de los recursos necesarios para una adecuada implementación de las nuevas responsabilidades asignadas.

Fortalecer el Programa Wawa Wasi (WW)

2008-07-31T07:55:00.000-07:00

Artículo publicado en Perú 21, Jueves 31 de Julio del 2008

Por Santiago Cueto, Niños del Milenio, Grade

El programa de atención infantil Wawa Wasi del Mimdes viene ayudando significativamente, desde 1993, a familias de escasos recursos (guarderías infantiles diurnas, nutrición, salud, educación y orientaciones a los padres). Dicho programa cuenta con 6678 Wawa Wasi –en la mayoría de casos funcionan en los hogares de las mismas madres cuidadoras– que atienden a 53,000 niños de entre seis y 48 meses. Diversos estudios demuestran que los Wawa Wasi cuentan con gran aceptación de los usuarios. Así, muchas madres de familia sienten que pueden dejar a sus hijos en un lugar seguro y dedicarse a trabajar o estudiar. El rol de los Wawa Wasi como centros que promueven el desarrollo motor, social, intelectual y emocional de los niños es, a menudo, menos reconocido, pero igualmente importante.

El programa opera a través de 33 sedes desconcentradas, que tienen a su cargo los 510 comités de gestión local. Estos comités, integrados por voluntarios de la comunidad, se encargan de administrar los fondos que les hace llegar el Estado y vigilar la buena marcha de los Wawa Wasi a su cargo. En los últimos meses hubo una iniciativa para poner los Wawa Wasi bajo la jurisdicción de las municipalidades provinciales, como se ha hecho con otros programas de lucha contra la pobreza. Esta iniciativa se ha postergado y habrá que analizar con detenimiento los pro y los contra de descentralizar un programa que, por su diseño, ya está cerca de las comunidades en las que trabaja.

En épocas como las actuales, de crecientes oportunidades de trabajo y cuando muchas madres con escasos recursos podrían empezar a trabajar fuera del hogar o aumentar su jornada, los Wawa Wasi aparecen como una opción interesante que podría ser reforzada y ampliada. El programa tiene pendientes, sin embargo, algunos retos: la inversión que se hace, de alrededor de 48 millones de soles durante el año 2007, es muy reducida para los ambiciosos objetivos trazados. Además, el programa ha sido enfocado en zonas urbanas, aunque ha iniciado una modalidad para zonas rurales (Qatari Wawa). Estas deberían ser ampliadas en comunidades de pobreza extrema para lograr sus múltiples e importantes objetivos, entendiendo que no se trata solo de una guardería infantil, sino de un programa que busca el desarrollo integral de niños y niñas en una etapa decisiva de su desarrollo. Estudios internacionales sugieren que programas similares a Wawa Wasi tienen un gran potencial para alcanzar estas metas, pero requieren ser considerados un elemento clave en la lucha contra la pobreza.

Ahora que el presidente García ha anunciado en su discurso a la nación la prioridad de la población pobre en el panorama social, los Wawa Wasi aparecen como una oportunidad para ser reforzados.

La inflación de los alimentos

2008-07-22T09:39:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes, 22 de Julio del 2008

Por EduardoZegarra M. Grade

La información sobre inflación de alimentos adquiere crucial importancia para la toma de decisiones en el contexto actual. El shock de precios de alimentos ya ha afectado a millones de familias peruanas y la evidencia señala que el efecto ha sido bastante diferenciado entre Lima y el interior del país, y entre zonas urbanas y rurales, algo que la estadística oficial no refleja apropiadamente. Por ejemplo, la inflación anualizada de alimentos a junio del 2008 ha sido de 9,8% en Lima, pero de 15% en Pucallpa, de 17% en Chimbote, de 18% en Tacna, de 20% en Chiclayo y Cusco, y de 22% en Moquegua. La mayor tasa inflacionaria de alimentos con respecto a Lima (que tiene la menor tasa en todo el país) se ha sentido en prácticamente todo el resto de capitales de departamento.

Es por esto fundamental que el INEI empiece a presentar las cifras de inflación de alimentos en forma más detallada a nivel geográfico señalando las tendencias más importantes acumuladas desde que se inició el actual proceso de alzas (junio 2007).

En segundo término, en un estudio reciente medimos la inflación de una canasta de 14 rubros alimenticios sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y encontramos que la inflación en las zonas rurales ha sido el doble que en las zonas urbanas del país en el 2007. Esto indica que la inflación alimentaria ha afectado mucho más a las zonas rurales, en donde el componente de alimentos es mucho mayor en el gasto de las familias.

No obstante, el INEI no mide precios en zonas rurales, lo que deja por lo menos a un tercio de la población nacional fuera de la información necesaria para tomar medidas de política. No extraña que el Gobierno solo haya atinado a un cuestionado reparto de bolsas de alimentos en algunas zonas periféricas de Lima, sin mayor atención a lo que viene sucediendo en el resto del país.

Lo que ocurre con la inflación de alimentos requiere de mayor atención a la situación de los grupos vulnerables. Un 40% de peruanos vive en pobreza, cifra que sube a 70% en zonas rurales. Si los precios de alimentos se han incrementado entre 15% y 20% en un año, la capacidad de compra de las familias pobres se ha reducido de manera desproporcionada y enfrentan un potencialmente grave deterioro alimentario. Hemos calculado con Enaho que el déficit calórico ha aumentado en 3% en las familias peruanas en el segundo semestre del 2007 con respecto al mismo período del 2006. En medio del alto crecimiento económico, al Gobierno se le ha 'pasado' este dato fundamental.

Es crucial que se tomen medidas inmediatas para evitar que se deteriore aun más la situación alimentaria de millones de peruanos. Para empezar, se deben analizar con mayor cuidado las cifras de inflación para evitar el sesgo Lima y que así se descuide a las regiones donde el descontento es creciente y generalizado.

El INEI debe implementar inmediatamente una metodología para medir los precios de alimentos en zonas rurales y en ciudades intermedias, donde tenemos millones de ciudadanos que no tienen representación en las estadísticas oficiales. Finalmente, el Gobierno debe evaluar con seriedad la creación de un consejo nacional de seguridad alimentaria para enfrentar con políticas coherentes y de alto consenso este complicado panorama.

No se puede presentar inflación de Lima como si fuera la del país

2008-07-21T13:50:00.000-07:00

Entrevista publicada en La República, Domingo, 20 de Julio del 2008

EDUARDO ZEGARRA M. Economista e investigador de Grade sostiene que el gobierno debe crear autoridad política en materia alimenticia para prevenir posibles efectos de inflación subyacente.

Emilio Camacho

¿Qué tan grave es la inflación que tenemos en el país?
Lo que se está planteando es que el Perú tiene la menor inflación de la región en promedio. Eso es bueno, pero no hay que perder de vista que la inflación en el precio de los alimentos es significativa. En este rubro tenemos cerca de un 10% de inflación en los últimos doce meses.

…Y esto de hecho golpea a los más pobres.
Los golpea, claro, porque en los hogares pobres se destina el 70% del gasto mensual para alimentos. La inflación acumulada en alimentos para este año debe estar por el orden del 5% o 6%. Ahora, no hay que perder de vista que la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se concentra solo en zonas urbanas y sobre todo en Lima Metropolitana. Sin embargo, hay evidencia en la encuesta de hogares de que la inflación ha sido el doble en zonas rurales.

¿Estamos hablando de 20%?
Podría estar en 20%. Lo que pasa es que la encuesta solo llega a fines del año 2007.

¿Por qué el INEI no tiene cifras de las zonas rurales?
El INEI no toma cifras de precios en rurales y el Índice de Precio al Consumidor (IPC) se concentra en mediciones en Lima Metropolitana. Más allá de las razones, hay un enorme déficit metodológico que debemos resolver lo más pronto posible porque no podemos presentar la inflación de Lima como la inflación del país. Cuando nos comparamos con otros países en realidad no sabemos si estamos comparando a Lima con otros países o a todo el país con un vecino.

El gobierno dice que la principal causa de la inflación son factores externos: el incremento del precio del petróleo y de los alimentos que se importan. ¿Esto es cierto? ¿No hay ninguna responsabilidad del Ejecutivo?
Yo diría que la lectura del gobierno es real. El grueso del impacto inflacionario en alimentos viene de los importados. Sin embargo, tampoco hay que dejar de notar que en la agricultura peruana hay un serio problema de productividad. La respuesta de los agricultores ante el alza ha sido la de aumentar las hectáreas sembradas de arroz, con lo cual se consume demasiada agua y se reduce el espacio para otros cultivos como las legumbres y hortalizas. Tampoco hay que olvidar que el precio de los insumos agrícolas se ha disparado. La úrea, por ejemplo, ha aumentado en 50%, el transporte también. Por lo tanto, el productor agropecuario tampoco está beneficiándose. En algunos casos tiene pérdidas. Por ende, los productores están descontentos, los consumidores también. Hay un malestar generalizado.

¿Y cómo influye en la inflación la mayor producción de arroz?
A ver, los agricultores se han orientado a los cultivos de mayor precio, como el arroz y maíz, desplazando a las hortalizas o las frutas. Con esto, el componente nacional de inflación en alimentos está siendo tan importante como el importado. Cómo le dije, esta es una reacción de los agricultores a la poca productividad agrícola.

El presidente de Sierra Exportadora, Gastón Benza, dice que el ministerio de Agricultura debió contribuir a la mayor producción de alimentos para que el impacto de la inflación fuera menor. ¿Tiene asidero esta posición?
Yo creo que la falta de previsión no es solo de Agricultura. Hay que entender que el tema alimentario no es responsabilidad del ministro de Agricultura, Ismael Benavides, y yo diría que de nadie, porque en el Perú no hay ningún sector que se encargue de este tema.

¿Entonces sugiere que se cree una autoridad que se encargue del tema alimentario?
Así es. El problema acá es que nadie es responsable político ni sectorial por el tema de la alimentación. Y no se lo podemos pedir al ministro de Agricultura, porque en teoría el debe defender los intereses de los productores agrarios. Es más, en las funciones del ministerio de Agricultura en ningún lugar dice que se debe ocupar del abastecimiento y la alimentación.

‘‘Los programas sociales deben reestructurarse’’

¿Su propuesta de autoridad en materia alimentaria no genera mayor burocracia?
No sé si mayor burocracia, pero estas funciones deben estar claramente delimitadas. La sociedad requiere que un responsable político vele por este tema y actualmente no hay. Además, puede ser sin burocracia. Se puede establecer un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, que es un organismo que puede plantear políticas y medidas de corto y mediano plazo en este tema.

¿Este Consejo puede estar adscrito al Ceplan, que está a punto de instalarse?
Puede ser. Lo urgente es que estas funciones tengan un responsable.

¿Los programas sociales qué tanto puede ayudar en la prevención de la inflación?
Yo creo que pueden ayudar mucho más. Creo que son programas muy mal focalizados e ineficientes. Su principal problema es que no articulan adecuadamente al productor con el beneficiario y encima hay muchos gastos administrativos. Creo que una parte central de la política de seguridad alimentaria tiene que ser una reestructuración de estos programas, para que atiendan a los más vulnerables y no a los que tiene más capacidad de presión política.

El trabajo infantil y la agenda interna

2008-07-02T07:54:00.000-07:00

Artículo publicado en Perú 21, Miércoles 02 de Julio del 2008

Por Carmen Ponce, Investigadora de GRADE

En enero del 2009 entrarán en vigencia los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. En ambos casos, los compromisos incluyen la erradicación efectiva del trabajo infantil, en conformidad con los convenios de la OIT ratificados por el Perú en el año 2002.

Aunque es un asunto importante, la erradicación del trabajo infantil y la regulación adecuada del trabajo adolescente no ocurren automáticamente por la promulgación de leyes o por la firma de convenios internacionales.

Al respecto, dos temas requieren atención urgente.

1. ¿Cómo erradicar las peores formas de trabajo infantil? La literatura especializada reconoce que la pobreza es el principal factor que impide que los miembros más jóvenes del hogar prescindan de trabajar. En ese sentido, algunos estudios señalan que las transferencias condicionadas pueden contribuir a la reducción del trabajo infantil. No obstante, es importante mantener las condicionalidades positivas (asistencia a la escuela) y evitar la introducción de condicionalidades negativas (prohibición del trabajo), las que podrían -sin quererlo- trasladar a los niños trabajadores a la clandestinidad y a empeorar su situación.

2. Mientras avanzamos en la erradicación del trabajo infantil, ¿cómo impedir que se amplíen y que se hagan perpetuas las brechas entre los niños y los adolescentes que trabajan y los que no? Esta pregunta es tan importante como la anterior si reconocemos que no es posible cambiar la situación (como no es posible reducir la pobreza) en un abrir y cerrar de ojos.

Según el Estado de la Niñez en el Perú, elaborado por investigadores de GRADE por encargo de UNICEF, el atraso escolar es mayor entre niños y adolescentes que trabajan que entre los que no lo hacen. ¿Tenemos estrategias educativas que respondan a las expectativas y a la disponibilidad de tiempo de los niños y de los adolescentes trabajadores? Los centros educativos regulares atienden a la gran mayoría de estudiantes menores de 18 años, pero no cuentan con la flexibilidad en horarios y con la estrategia pedagógica que permita atender a chicos con jornadas laborales intensas.

La limitada información disponible es uno de los principales obstáculos para el diseño de políticas efectivas de prevención y erradicación del trabajo infantil y de apoyo a los niños y a los adolescentes trabajadores en su proceso formativo. En este sentido, la pronta publicación de los resultados de la Encuesta de Trabajo Infantil del INEI contribuirá a entender mejor la dimensión y la heterogeneidad del problema y, con ello, abrir espacios plurales de debate y de diseño de políticas.

Y si no entienden las guías

2008-06-27T09:06:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Viernes 27 de Junio del 2008

Por Santiago Cueto Grade

Tendencias teóricas contemporáneas en educación, y la misma legislación peruana, señalan la importancia de incluir a los padres en la educación escolar de sus hijos. De acuerdo con esta orientación, el Gobierno lanzó esta semana el "Manual para padres"

En dicho documento se incluye información sobre lo que los estudiantes deberían saber a diferentes edades y se dan recomendaciones a los padres para que contribuyan a los aprendizajes de sus hijos en comunicación, matemática y desarrollo personal. Adicionalmente, hace pocos meses el Ministerio de Educación elaboró reportes individualizados de los resultados en matemática y comunicación, dirigidos a los padres de los estudiantes de segundo grado que resolvieron la Evaluación Censal de Estudiantes a fines del 2007.

Los anteriores documentos están orientados a mejorar el rendimiento de los estudiantes, que como se ha visto recientemente, de nuevo, es insuficiente. En la última evaluación realizada por la Unesco en comunicación, matemática y ciencias en tercer y sexto grados de primaria, se encontró que los estudiantes peruanos se ubicaban en el promedio regional en una de las pruebas y debajo del promedio en las otras cuatro, aunque nunca en último lugar, entre 16 países de América Latina.

Los resultados sugieren patrones similares a los de otros estudios, como que el rendimiento escolar se asocia estrechamente a la zona de residencia de los estudiantes. Así, la brecha de rendimiento entre estudiantes urbanos y rurales, a favor de los primeros, es más grande en el Perú que en cualquiera de los otros países evaluados. Como se recuerda, la pobreza en el área rural de nuestro país es mayor que en la urbana. De esta forma, el Perú se presenta como un país con bajo rendimiento promedio y con alta inequidad educativa. Esto sugiere que la educación peruana no está sirviendo al propósito de atenuar las diferencias socioeconómicas familiares entre estudiantes que acceden al sistema educativo.

En este sentido, materiales educativos orientados a los padres de familia, tan valiosos como los mencionados pudieran ser, podrían incrementar las ya hondas diferencias en rendimiento entre estudiantes urbanos y rurales. Esto sucedería porque los padres de familia con ningún o pobres niveles de comprensión de lectura --esos que se quiere mejorar en los estudiantes-- seguramente serán los que menor provecho saquen de los materiales y los que tendrán limitadas posibilidades de ayudar a sus hijos a aprender. Al respecto, un estudio recientemente publicado por la investigación de largo plazo Niños del Milenio encontró que a menudo los padres de familia de escuelas públicas no conocen cómo funcionan la enseñanza y el aprendizaje en el aula www.ninosdelmilenio.org/pol_documentos.shtml

Este desconocimiento es mayor en hogares de mayor pobreza. Por ejemplo, una madre de familia relató que se enteró de que su hija había repetido de grado recién al inicio del siguiente año escolar, cuando debía volver a matricularla; esta madre se quejaba de no haber sido informada de la situación con anticipación por el docente o director.

Otros padres de familia se lamentaban, en este mismo estudio, por no poder ayudar a sus hijos con tareas o exámenes, pues ellos mismos no conocían los temas escolares asignados. Así, el estudio recomienda desarrollar mecanismos para mejorar la comunicación entre la escuela y la familia.

Sería importante monitorear la utilización de las guías mencionadas para que se evalúe si ayudan a mejorar el rendimiento de los estudiantes sin aumentar la ya alarmante inequidad. Además, sería conveniente fomentar relaciones de colaboración entre padres y madres de familia con docentes y directores alrededor de los aprendizajes de los estudiantes, aunque incidiendo en aquellas familias que viven en áreas rurales o de pobreza extrema. Implementar esas medidas de forma simultánea parecería ser una mejor alternativa que limitarse a producir materiales o programas dirigidos exclusivamente a los padres.

Transgénicos y errática Cancillería

2008-06-16T12:13:00.000-07:00

Artículo publicado en La República, Sábado 14 de Junio del 2008

Por Eduardo Zegarra

Hace unos meses diversos articulistas señalaron su preocupación por una misteriosa reunión entre el presidente García y un alto representante de la transnacional Monsanto, principal productora mundial de semillas genéticamente modificadas (transgénicos), empresa de enorme poder y agenda propia para utilizar a países en desarrollo dentro de sus propósitos globales expansivos.

En dicha oportunidad, creo que nadie imaginaba que el gobierno llegaría tan lejos en la adopción no solo del discurso de dicha transnacional, sino en convertirnos prácticamente en su representante en los foros internacionales.

La imagen no puede ser más elocuente. Mientras en Lima el Presidente recibía a decenas de jefes de Estado y de gobierno de A. Latina y Europa y se jactaba de que el Perú iniciaba una nueva etapa de mayor sensibilidad ambiental con la creación del Ministerio del Ambiente; en Bonn, Alemania, la delegación peruana en el foro mundial de bioseguridad se encargaba de bloquear la iniciativa de 140 países por tener un artículo en la norma internacional que haga que las empresas productoras de transgénicos sean corresponsables por posibles daños y perjuicios de sus productos. Obviamente, este artículo chocaba frontalmente con los intereses de empresas como Monsanto, y he allí que nuestro país ha jugado el triste papel de defender directamente los intereses de esta empresa.

A esta altura nos preguntamos si el presidente García es consciente de estos hechos y si nuestra Cancillería, Mincetur y CONAM (o el flamante Ministerio del Ambiente) realmente saben lo que hacen en temas tan delicados y críticos para nuestro desarrollo futuro. El Perú es uno de los países que más podrían ser afectados por una entrada masiva de semillas transgénicas por motivos bastante obvios: los cultivos transgénicos pueden tener efectos devastadores en la biodiversidad en ecosistemas complejos como el nuestro. No solo eso, nuestra posibilidad de exportar productos orgánicos y libre de transgénicos a Europa y Japón se vería inmediatamente amenazada, poniendo en riesgo nada menos que al 70% de nuestras exportaciones agrícolas actuales y futuras. Es por esto inaudito lo que ha ocurrido en Bonn con una delegación peruana en la cual el Ministro de Agricultura infiltró a Alexander Grobman, un directo representante de los intereses de las compañías productoras de transgénicos en el Perú y quien se arrogó la representación de todo un país pero en defensa de intereses que poco tienen que ver con los nuestros. Este es un tema no solo para el Congreso, que debería investigar el evidente tráfico de influencias en el Ministerio de Agricultura, sino para nuestros exportadores agrarios y productores orgánicos que podrían ser gravemente perjudicados por decisiones ligadas a intereses de empresas transnacionales que quieren carta libre, cero regulación y nula responsabilidad por daños y perjuicios. Lamentable papelón de nuestra Cancillería que les debe una explicación muy clara a los peruanos y peruanas que esperábamos más de ella en un foro tan importante.

INEI: un censo hecho a la carrera

2008-06-12T08:59:00.000-07:00

Artículo publicado en Perú 21, Jueves 12 de Junio del 2008

Por Javier Escobal*, GRADE

El proceso de elaboración de la información del Censo de Población y Vivienda del 2007, cuyos primeros resultados se acaban de publicar, dista mucho de aquel que el propio INEI instauró para someter a escrutinio público las metodologías para construcción de los indicadores de pobreza.

En el caso de la construcción de los indicadores de pobreza para el periodo 2004-2007, quienes participamos en el proceso podemos dejar constancia del profesionalismo del INEI y su vocación por mejorar la calidad de las bases de datos y las metodologías para construir indicadores de pobreza que fueran robustos, consistentes y replicables. La total transparencia del proceso se hace evidente en la decisión del INEI de poner a disposición del público toda la información, metodologías y códigos de programación para que usuarios independientes pudiesen reproducir los resultados y criticarlos, si así lo estimaban conveniente.

En cambio, cuando un grupo importante de la comunidad de investigadores, convocado por el Consorcio de Investigación Económica y Social, subrayó la importancia de no emprender la ejecución del Censo 2007 sin antes realizar una auditoría de procesos del Censo del 2005, para entender sus potenciales limitaciones y, si fuese necesario, diseñar un mejor Censo, el INEI prefirió aceptar la presión política y hacer el Censo 2007 "sí o sí".

El Censo fue hecho a todas luces "a la carrera". Se mantuvo la mayor parte de la cartografía del censo anterior a pesar de haberla criticado; el entrenamiento de los empadronadores fue muy limitado, y pocos días antes de la ejecución del censo, era evidente que la logística había fallado: una parte importante de los empadronadores no recibió una capacitación lo suficientemente detallada para garantizar que podía diligenciar una cédula censal bastante más complicada que la hecha en años anteriores.

Por si fuera poco, la encuesta post-censal -elemento crítico para poder evaluar la calidad del censo- se realizó de manera tardía (al igual que en el censo del 2005) y con cobertura limitada (apenas 6,000 viviendas), lo que afectaría las posibilidades de evaluar en qué medida la tasa de no respuesta que se ha calculado para este censo (2.8%, que equivale a más de 800,000 habitantes que no fueron censados) es válida.

La credibilidad del INEI, una vez más, estará en la picota. El Gobierno acaba de publicar el decreto supremo en el que se establece que el INEI es un "organismo técnico especializado". Como tal, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lo obliga a tener un Consejo Directivo.

El ejecutar rápidamente esta obligación, constituyendo un Consejo Directivo plural y sometiendo a consideración del Consejo la necesidad de hacer una auditoría independiente, podría ser un mecanismo que contribuya a que el INEI salga fortalecido, recupere la credibilidad que nunca debió haber perdido y no se vuelva a perder otro censo.

*Miembro de la comisión que evaluó la calidad de la metodología con que se calculó las cifras de pobreza.

¿Cae la pobreza pero aumenta el hambre?

2008-06-12T07:52:00.000-07:00

Artículo publicado en La República, Jueves 12 de Junio del 2008

Por Eduardo Zegarra, GRADE

Evidencia de última encuesta de pobreza del INEI

El INEI anunció que la pobreza en el Perú disminuyó en 5.2 puntos el año 2007 generando las suspicacias de algunos analistas y la euforia de círculos gubernamentales en medio de cierta incredulidad ciudadana. Lo que no se ha discutido mucho es que la pobreza extrema sólo se redujo en 2.4 puntos, de 16.1 a 13.7%, mucho menos que la pobreza total. Esta diferencia de resultado indica que las familias muy pobres vienen teniendo más dificultades para mejorar su situación en un contexto de alto crecimiento económico.

Más preocupante aún, la evidencia que presentamos aquí—tomada de las bases de datos del INEI– señala que otro indicador importante de la encuesta, el porcentaje de la población con déficit calórico, prácticamente no habría mejorado en el año 2007 al situarse en 27.1%, una reducción de solo un punto con respecto al año anterior. Una familia con déficit calórico es una familia que está padeciendo hambre, y el 27.1% registrado en 2007 indica que la población con vulnerabilidad alimentaria es mucho más alto que el 13.7% en pobreza extrema.

Pero el dato sobre el déficit calórico que más nos llama la atención en la ENAHO 2007 se refiere a su temporalidad (ver Cuadro 1). Si comparamos el porcentaje de personas con déficit calórico obtenido en el segundo semestre del año 2007 versus similar periodo del 2006, vemos que éste ha aumentado de 27.4% a 30.2% a nivel nacional (casi 3 puntos más de población padeciendo hambre). Esto estaría fuertemente relacionado con el incremento del precio de varios alimentos básicos (pan, aceites, cereales, carnes y lácteos) que han enfrentado las familias peruanas en los últimos meses del año 2007 y que se reflejarían en una menor capacidad para adquirir alimentos incluso en un contexto de ingresos y gastos crecientes como el registrado durante el año 2007.

Las cifras de consumo calórico que arroja de la propia ENAHO 2007 no deberían ser para que el gobierno celebre mucho. Por ejemplo, la sierra urbana y la selva rural han tenido un deterioro notable en el consumo calórico. Así, es muy probable que una buena parte de lo avanzado en materia de mejora de ingresos y gastos de las familias peruanas durante el 2007–y que correctamente se reflejan en la caída de la pobreza medida por el lado del gasto– se haya empezado a perder en el último trimestre del año debido a los fuertes aumentos de precios de los alimentos en un contexto de altísimos precios internacionales.

El gobierno debería preocuparse más sobre lo que viene ocurriendo con el consumo alimentario de la población más vulnerable (y no solo urbana o en Lima, sino en las zonas rurales del interior) en lugar de celebrar supuestos éxitos en la reducción de la pobreza que difícilmente serán sostenibles si siguen las tendencias dramáticas en los precios de alimentos y no se hace nada al respecto.

Inseguridad alimentaria

2008-05-06T10:48:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Martes 6 de mayo de 2008

Por Eduardo Zegarra

El dramático aumento de precios de los alimentos de los últimos meses ha generado ya una crisis alimentaria en varios países dependientes de importaciones, y viene desatando conflictos entre gobiernos y agricultores en otros (como Argentina), donde se ha prohibido o gravado las exportaciones agrícolas. Lo más grave de esta última escalada de precios es que está ligada a factores especulativos por la crisis financiera estadounidense, con inversionistas temerosos migrando hacia los commodities alimentarios. El efecto no puede ser más perverso, una crisis financiera en el norte rico termina afectando gravemente a la alimentación de los más pobres en el sur en desarrollo.

Organismos internacionales, como el Banco Mundial y la FAO, vienen proyectando que los precios de los alimentos mantendrán un nivel alto por lo menos hasta el año 2015. Detrás de esto están cambios estructurales como la triplicación de demanda de algunos alimentos básicos en China e India, y el 'boom' de los biocombustibles de maíz en Estados Unidos. Igualmente, el cambio climático viene reflejándose en la creciente inestabilidad de la oferta agrícola en varias zonas del planeta. Los stock internacionales de granos han bajado dramáticamente en los últimos años y no se prevé una recuperación rápida.

Lo preocupante en el Perú es que parece que no entendemos la magnitud del problema ni los peligros hacia adelante. El país sigue sin tener una política de seguridad alimentaria y el gobierno actual solo ha atinado a tomar algunas medidas de corto plazo, como una indiscriminada reducción arancelaria y un reparto poco técnico de bolsas de alimentos en zonas urbanas (¿y las rurales?). No tenemos una política básica de reservas de protección en algunos alimentos esenciales (granos y lácteos) tal y como recomienda la FAO (un 15% de la demanda interna). Igualmente, carecemos de instrumentos para identificar a la población más vulnerable que está siendo afectada por los mayores precios para poder atenderla directamente. Si este año tenemos problemas climáticos incluso moderados, podríamos enfrentar una grave crisis alimentaria, para lo cual no hay un mínimo de planificación y previsión.

Creo que es el momento adecuado para diseñar e implementar una política integral de seguridad alimentaria. Algunas medidas a tomar en esta dirección: (i) crear un consejo de la seguridad alimentaria con participación del Estado, consumidores y productores; (ii) generar reservas de seguridad en algunos alimentos claves para enfrentar problemas de oferta; (iii) ampliar los incentivos para el cambio tecnológico y la ampliación de los servicios agrarios (financiamiento, asistencia técnica, información) recogiendo experiencias como la de los yachachiqs en la sierra sur que debería expandirse a toda la sierra peruana en lugar del casi inexistente Sierra Exportadora; (iv) agresiva política de promoción de mejores hábitos de consumo alimentario de nuestra población hacia productos con ventajas competitivas en los ámbitos regional y local; (v) promover un papel más activo para gobiernos regionales y locales en la alimentación de la gente, apoyando en la certificación de calidad de alimentos, impulso a mercados mayoristas y ferias agropecuarias.

En temas de alimentación de la gente los costos de no hacer nada son siempre mucho mayores que los beneficios de la previsión y la acción colectiva hacia una verdadera seguridad alimentaria.

Los salarios seguirán siendo bajos

2008-05-06T09:31:00.000-07:00

Entrevista publicada en El Comercio, Jueves 1 de mayo de 2008

Los niveles de empleo mejoran y la locomotora de crecimiento sigue en movimiento. Sin embargo, la actual bonanza económica parece no llegar a todos los niveles socioeconómicos de la población. ¿Por qué si las cosas van tan bien los sueldos continúan siendo bajos? ¿Tendrá acaso algo que ver la excesiva oferta de mano de obra y el bajo nivel de educación de la población? Estas y otras interrogantes responde Miguel Jaramillo, analista de Grade, quien hace una evaluación de la situación laboral en el Perú.

¿Por qué a pesar de que los niveles de empleo han mejorado, existe la sensación de que este avance no llega a todos los segmentos de la población?
El empleo está creciendo, eso es innegable y no hay una fuente de información estadística que demuestre lo contrario. Lo que sucede es que esta expansión nunca será suficiente mientras tengamos cifras de pobreza tan altas y la calidad del empleo y los niveles de ingresos que reciben los peruanos no sean más altos.

¿No resulta contradictorio que el mayor crecimiento económico no se traduzca también en mejores ingresos? Según el CIES, en los últimos cinco años el ingreso por hora en Lima Metropolitana apenas ha mejorado en S/.0,02.
Sin duda ese es un dato muy preocupante, que tiene que ver con el hecho de que aún hay un gran bolsón de desempleo en el país. Y aunque es cierto que este indicador bajó de 9% a 7% en los últimos cinco años, la tasa todavía se mantiene alta y eso se refleja en las remuneraciones. Cuando las empresas publicitan una plaza hay colas inmensas de gente y como las empresas perciben que el trabajador es fácilmente sustituible, salvo en ciertos segmentos, como el ejecutivo, no se ven presionadas a realizar ajustes para retener personal.

¿A qué atribuye esa marcada desigualdad de los ingresos?
A la escasez de cuadros más calificados. Si necesito un conserje no tendré problemas en conseguirlo, porque probablemente se presenten más de 200 personas para ocupar el cargo, en cambio si lo que busco es un gerente de ventas o de márketing, es más que seguro que tarde cierto tiempo en encontrarlo.

La falta de capacitación y la educación deficiente también tendrán mucho que ver.
Sí, esos también son factores que tienen una incidencia directa. De hecho si algo aparece estar claro es que de la escuela en muchos casos solo bota analfabetos funcionales. La gente sale y el 80% tiene un nivel de comprensión tan bajo que nos les permite aprender con la lectura. Muchas veces las empresas dan manuales a sus trabajadores , ellos leen las instrucciones pero no las entienden. Para que aprendan debe pasar un tiempo y en ese lapso el empresario pierde tiempo y dinero. Si alguien no está capacitado, difícilmente recibirá grandes sueldos.

¿Eso implica que los ingresos para el grueso de la población continuarán siendo bajos?
En realidad es una cuestión relativa, porque todo depende de la demanda. Sin embargo, no esperaría que las remuneraciones de obreros y empleados suban mucho, mientras no se solucionen los problemas de educación y el bolsón de subempleo siga siendo tan alto (de 53%).

¿Y en cuanto al empleo, cree que continuaremos observando altas tasas de crecimiento de entre 8% y 9%?
Lo más probable es que en el corto o mediano plazo las tasas de crecimiento del empleo se vayan a moderar, porque las cifras actuales me parece excepcionalmente altas y nunca en la historia del Perú estas se han sostenido por mucho tiempo.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que los proyectos de inversión que tenemos en ciernes y la firma de nuevos tratados de libre comercio ayudarán a incrementar aún más la demanda de mano de obra.
No necesariamente. Por un lado el ministro de Economía, Luis Carranza, ha dicho que la tasa de crecimiento del PBI va a bajar y eso va a generar un efecto sobre el empleo; por otro lado, es muy probable que en la medida que se realicen nuevas inversiones en modernización de plantas y equipos, el mayor uso de la tecnología implique una disminución de la mano de obra por un factor de sustitución.

La última encuesta de la Universidad de Lima indica que el empleo en el sector informal ha crecido, el tiempo transcurre y es poco lo que se ha hecho por solucionar el problema. ¿Cree que el Ejecutivo tiene voluntad política para implementar una reforma laboral?
Lo que veo es una clara voluntad política en la Comisión de Trabajo de cambiar todo en la legislación, pero para peor, y eso es algo que salta la vista. Ahora si me pregunta por el Ejecutivo, la verdad es que no tengo idea.

¿Entonces no hay voluntad?
Parece que no. Mas allá de ciertas declaraciones del presidente Alan García, en el sentido de que hay que facilitar la formalidad, no he visto ni escuchado nada.

¿Y ello a qué cree que se deba, si el ministro Luis Carranza parece haber definido hace buen tiempo el tema?
Quizá sea porque en cualquier parte del mundo la reforma laboral siempre es un tema bien peliagudo y es muy probable que en el escenario actual, con un nivel de aceptación presidencial bajo, el Ejecutivo no quiera ninguna papa caliente. Y esto es preocupante porque los cambios a la ley de mypes no pueden esperar más.

¿Reducir la carga laboral es el mejor camino para alentar la formalización de las mypes?
En realidad se requiere un enfoque integral, pues además del incentivo laboral, tributario y mayor incidencia en la capacitación, se requiere de muchas otras cosas más, como hacer la ley permanente, ampliar su ámbito de acción y promover mecanismos de protección al trabajador, con la creación de un mecanismo similar a la CTS.

¿Se debe elevar el tope de trabajadores en las mypes?
Sí creo que el ámbito de acción de la norma debe ampliarse de 10 a 50 trabajadores, porque eso contribuirá a que una microempresa no tenga miedo en convertirse en mediana pensando en que perderá los beneficios del régimen mype.

¿Los topes de ventas también deberían modificarse y establecerse en 3.000 UIT, como lo plantea el ministro Carranza?
Ese monto me parece excesivamente alto. Si es así mejor hagamos un régimen general para que todos se cuelguen de estos beneficios.

La productividad del trabajador peruano no es una de las más alta de la región, pero para mejorarla hay que incidir en la capacitación. ¿Esta tarea a quién le corresponde, a trabajadores, empleadores o al Estado?
El problema para el empleador es que no puede asegurar que el trabajador que capacite seguirá con él mañana...

Pero bajo esa premisa nadie capacitará a su personal.
Las empresas capacitan, pero muy poco. El tema aquí es que el Estado también tiene que mojarse y participar. Hace algún tiempo trabajé una propuesta para el régimen anterior, que incluía la creación de un fondo de capacitación que los sindicatos rechazaron tan solo porque venía del Ministerio de Economía.

¿Y de qué forma debe intervenir el Estado?
El empleado no tiene plata ni la información para saber qué requisitos debe cumplir para ser contratado por una empresa. Por otro lado, la empresa sí sabe qué trabajador necesita , pero no quiere desembolsar nada sustantivo porque piensa que puede estar invirtiendo para la competencia. Aquí evidentemente existe un problema y si el Estado quiere encontrar alguna solución entonces debe intervenir brindando algún tipo de incentivo tributario. Las experiencias más interesantes en términos de capacitación incluyen participación del Estado.

¿Cómo ve el rol del Consejo Nacional de Trabajo? ¿Cree que ha venido a menos desde el actual Gobierno?
Sí y eso quedo demostrado con el anteproyecto de la ley general de trabajo. Se hizo caso omiso al consenso y se envió el texto para que sea depurado por un grupo de expertos. Ello nos demuestra que no se respetó el diálogo y tampoco el consenso . Sin duda, uno de los grandes retos que tiene el ministro Mario Pasco será reforzar el rol del CNT si quiere evitar que el Congreso asuma una actitud excesivamente proteccionista y eleve los niveles de rigidez de la legislación peruana.

¿Veremos cambios significativos en la agenda laboral?
Lo más inmediato será la ley de mypes, que debe venir porque ya esta próximo a vencer el plazo que dio el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia de TLC. Salvo ese proyecto, no esperaría nada nuevo. No obstante un aspecto positivo sería sacar el tema de la capacitación del ámbito retórico y darle la prioridad que merece tener.

¿El Ejecutivo debe hacer más para evitar el incumplimiento de los derechos laborales?
Este es un punto flaco que el ministerio debe seguir reforzando. No obstante me parece excesivo pensar que la inspección sea considerada como la única herramienta para alentar la formalización. Si queremos cambios, el Gobierno debe comprarse el problema, hacer cumplir la ley y sancionar de manera ejemplar a los que incumplan la norma. Pero no solo eso: también debe empezar a trabajar en la meta que se trazó en julio pasado para reducir la informalidad. Esa es la mejor manera de asegurar que los derechos se cumplan.

¿Debe preocupar la mayor cantidad de huelgas y protestas que está registrando el país?
Siempre que no terminen en violencia no deberían generar alarma. Además en épocas de bonanza es normal que estas repunten, porque los trabajadores esperan que las empresas también compartan con ellos sus mayores ingresos.

Deslindes: descompensando al agro peruano

2008-04-14T15:44:00.001-07:00

Artículo publicado en La República, Jueves 17 de enero de 2008

Por Eduardo Zegarra

El ministro de Agricultura, Ing. Ismael Benavides, viene señalando su particular punto de vista sobre el tema de las compensaciones al agro peruano por la firma del TLC. De acuerdo a su lógica, otorgar compensaciones agrícolas pondría en evidencia que se hizo una mala negociación en el TLC, y esto en su opinión no ha ocurrido. Igualmente, sugiere que la actual alza internacional de los precios del maíz y el trigo no justificaría otorgar compensaciones agrícolas por el TLC. Finalmente, ha soltado la interesante idea de que frente al TLC no hay "productos", sino "productores" sensibles. Veamos en detalle cada uno de estos argumentos.

El primer tema se refiere a si, efectivamente, el Perú hizo o no una buena negociación en el capítulo agrícola. Lo cierto es que el Perú prácticamente no logró nada en su negociación de la parte agrícola dentro del TLC. Nos hicieron cruzar todas las supuestas "líneas rojas" declaradas pomposamente por el régimen de Toledo. Perdimos el mecanismo de protección de la franja de precios para el maíz, azúcar, lácteos y arroz. Aceptamos desgravaciones inmediatas en algodón, trigo y la mayor parte de productos que importamos. Aceptamos una cuota de importación de maíz enorme, que equivale a la inmediata desgravación de este producto. No hubo prácticamente ningún logro sustantivo en la negociación agrícola frente a un país como Estados Unidos, que subsidia en forma masiva a sus productores agropecuarios. Si el ministro Benavides piensa que esta fue una buena negociación, por lo menos debería definir con claridad qué entiende por semejante cosa.

El segundo argumento entraría ya casi en el terreno de promesa incumplida adicional del Gobierno frente a nuestros productores agrarios. La compensación agrícola frente al TLC se relaciona con la desgravación que hemos aceptado en la negociación, es decir, que los alimentos que importamos de Estados Unidos y que tienen algún arancel lo dejarán de pagar al momento de entrada en vigencia del tratado. Esto abarata esos productos y genera un impacto negativo en los ingresos de los productores, que es lo que se quiere compensar. En tal sentido, la compensación está atada a la eliminación del arancel y no a los precios de los productos en algún momento del tiempo, sean estos altos o bajos. Por esto, la actual subida de precios del trigo y el maíz no tiene por qué cambiar el concepto de la compensación. Si el ministro Benavides quiere olvidarse de la obligación asumida por el Gobierno de compensar por el efecto de desgravación del TLC, debería pensar en algún otro argumento más sólido.

Finalmente, es interesante la idea de que no hay productos sensibles sino productores sensibles. En mi opinión, esta idea es acertada, aunque no estoy seguro sobre si el ministro entiende en su plenitud sus implicancias. Por ejemplo, en estudios de Escobal y Ponce, de GRADE, sobre el efecto del TLC en la población rural, la más sensible, se encuentran efectos adversos que superan en más de cinco veces las compensaciones por US$ 30 millones anuales que definió el Gobierno de Toledo (y que ahora el ministro pretende desconocer). Si se acepta a cabalidad la idea de que hay productores sensibles, el marco en el cual hay que pensar la política de compensación y reconversión del agro frente al TLC adquiere una verdadera dimensión nacional y territorial, involucrando a cientos de miles de productores en costa, sierra y selva.

El esfuerzo y las políticas necesarias para mejorar la competitividad de estos sectores debería ser tarea central del Gobierno. Para esto se requiere, por lo menos, unos US$ 200 millones de dólares anuales en un programa masivo de apoyo al agro para evitar profundizar las desigualdades que trae el TLC. Así, la idea de que hay "productores sensibles" frente al TLC debería ser llevada a su real dimensión por el ministro Benavides y concretarse en políticas específicas y presupuestadas para ellos. Veremos si ocurre.

García sugiere que las municipalidades sean las que distribuyan los alimentos.

2008-04-14T15:36:00.000-07:00

Artículo completo publicado en El Comercio, Sábado 12 de abril de 2008

PUNTO DE VISTA: Por un reparto más técnico

Lorena Alcázar, Economista de Grade

El reparto de canastas con alimentos no es lo ideal si el objetivo es aliviar las necesidades de los más pobres. Debió hacerse un diseño más técnico. Por ejemplo, pudo haberse pensado en la entrega directa de dinero en efectivo.

Pero dado que la decisión del Gobierno es repartir alimentos, la forma como la están haciendo es un retroceso que contrasta con los programas Juntos y Crecer, que son más técnicos y con mayor impacto que este programa piloto. Esta parece una forma antigua de hacer las cosas.

El reparto de alimentos se ha iniciado identificando las manzanas más pobres de los asentamientos humanos, pero el problema es que en la manzana contigua pueden haber, por ejemplo, tres familias pobres, y estas no van a recibir el subsidio.

¿Por qué no han aprovechado la oportunidad para usar el Seguro Integral de Salud (SIS)? El SIS identifica a los pobres extremos con nombre, apellido y dirección.

Si no se podía usar el registro del SIS, debieron recurrir a los programas de asistencia alimentaria ya existentes, como los comedores populares. Es cierto que los comedores tienen problemas de focalización, pero es lo que se tiene.

Finalmente, como se ha iniciado este programa evidencia las debilidades del Gobierno para atender las emergencias, hecho que quedó claro con la improvisada reacción ante el terremoto del 15 de agosto.

La errática estadística avícola

2008-04-14T14:55:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Miércoles 27 de febrero de 2008

Por Eduardo Zegarra

La producción de pollo representa actualmente el 22% del PBI agropecuario. Alteraciones a las cifras de este sector pueden tener efectos significativos en el crecimiento agrario y en el PBI global.

Por ende, la controversial propuesta del Ministerio de Agricultura (Minag) de cambiar las cifras de producción de pollo para el período 2001-2006 debe ser evaluada con mucho cuidado.

Al respecto, lo primero a señalar es que el cambio propuesto por el Minag genera una impresionante reducción de la producción de pollo en el período 2001-2006 de por lo menos 30%, período que corresponde a la gestión del presidente Alejandro Toledo (el Minag no plantea ajustes para antes de dicho período). De acuerdo con las cifras presentadas, la producción de pollos en el período 2001-2006 habría tenido en promedio una caída de -0,3%, en lugar del crecimiento de 4,5% que tenía la cifra oficial previa. Es más, el ajuste propuesto llevaría a la poco creíble conclusión de que los peruanos consumimos ahora menos pollo por persona que en el 2000, y que en el 2007 tendríamos un consumo per cápita similar al de hace una década.

Pero los problemas no terminan allí. Dado el peso del sector avícola en el PBI agropecuario, el mencionado cambio 'hacia atrás' del Minag significaría que el sector agropecuario en su conjunto no habría crecido a un promedio de 3,1% en el período 2001-2006, sino solamente 2,2%; es decir, un punto porcentual menos de crecimiento anual durante todo el período del ex presidente Toledo.

Esto, a su vez, llevaría a una reducción en el crecimiento global obtenido por la economía peruana durante dicho período. Es evidente que dicho cambio, si es hecho y aceptado por las autoridades estadísticas, generaría graves sospechas de que el gobierno actual estaría buscando generar, vía artificios numéricos, una imagen de mayor crecimiento a costa de un supuesto menor dinamismo económico en el gobierno anterior.

A todas luces, el ajuste retroactivo que vienen intentando sustentar los funcionarios del Minag no tiene mayor sentido y es muy peligroso para la ya mellada credibilidad del sistema estadístico nacional. Al respecto, el INEI debería aclarar inmediatamente si avala los cambios propuestos por el Minag, así como el BCR y el MEF deberían indagar si estos cambios tienen el debido sustento técnico.

Según el Minag, la supuesta nueva 'metodología' que estaría a la base de los cambios tendría el aval de la Asociación Peruana de Avicultura (APA). Convendría que este gremio también se pronuncie públicamente ante esta abierta declaración de una entidad pública sobre su supuesto rol en la validación de las estadísticas sectoriales.

Sin un sistema de estadísticas agrarias creíble y manejado con solvencia técnica va a ser difícil que el ministro Ismael Benavides consiga modernizar un sector que a todas luces sigue siendo fuertemente discriminado en las políticas públicas. Hace poco se anunció un nuevo sistema de información en línea para que los agricultores peruanos puedan bajar información en sus teléfonos celulares. Si la información que les va a llegar tiene la misma calidad que los actuales datos avícolas, el sistema difícilmente tendrá algún valor para nuestros agricultores. La gravedad de lo que viene ocurriendo amerita medidas rápidas y concretas para recuperar la credibilidad en nuestras estadísticas agrarias y nacionales.

Ministros se enfrentan por cambios a la ley de mypes, El Comercio

2007-11-15T12:58:00.000-08:00

Artículo completo publicado en El Comercio, Sábado 15 de noviembre de 2007

HABLAN LOS ESPECIALISTAS

Para Miguel Jaramillo, especialista en temas laborales de Grade, resulta improductivo que la discusión se centre en eliminar el tope de trabajadores o establecer un determinado nivel de ventas. "No entiendo por qué se debe considerar únicamente las ventas si se quiere cambiar algo. Para que (la norma) tenga un mayor impacto, debe extenderse el régimen a empresas con un mínimo de 100 trabajadores, no 10 como hoy, y deben trabajarse aspectos de capacitación, donde se registran los verdaderos cuellos de botella" opinó.

Según Cesden, debe eliminarse la clasificación del número de trabajadores porque desalienta el empleo y hace que las empresas contraten irregularmente. Al respecto, el laboralista Mario Pasco Cosmópolis afirma que esta clasificación, que se aplica en casi todas las legislaciones del mundo, sí debe mantenerse porque es un mecanismo de fiscalización que permite evitar la explotación del trabajador.

Educación y competitividad

2007-11-15T12:50:00.000-08:00

Artículo publicado en El Comercio, Jueves 15 de Noviembre de 2007

Por Santiago Cueto, Grade

El World Education Forum (WEF) publicó su reporte anual de competitividad, en el que se ubicaba al Perú en el último lugar en calidad de la educación primaria (131) y penúltimo en calidad de educación en ciencia y matemática (130). Estos datos me parecieron intrigantes, pues no se ha hecho ninguna evaluación internacional del rendimiento de los estudiantes que pudiera justificarlas.

Mirando el reporte del año pasado y el portal donde se presentan los resultados del último (www.gcr.weforum.org), se ve que la calidad educativa es medida de acuerdo con la opinión de un grupo selecto de personas vinculadas al mundo empresarial que en cada país opinan sobre este y muchos otros temas (el 2006 se entrevistó a 66 personas en el Perú; en ese informe ocupamos el penúltimo lugar en calidad de la educación primaria). Así, lo que indica este resultado es que en opinión de los encuestados (y tomando en cuenta el nivel de desarrollo del Perú) la calidad educativa en el país es muy baja y por tanto un serio obstáculo para su competitividad. Hay adicionalmente unos pocos datos basados en evidencia directa en el informe sobre educación; así, ocupamos el puesto 35 en cobertura en educación primaria, 50 en educación secundaria y 57 en educación superior, pero 94 en gasto educativo.

Sin duda, el rendimiento de los estudiantes peruanos es inaceptablemente bajo, como se puede inferir de los detallados reportes y análisis de resultados de las evaluaciones nacionales del 2001 y del 2004 y de la evaluación internacional PISA realizada el 2001. En ellos se muestra qué es lo que los estudiantes peruanos de diferentes grados de primaria y secundaria pueden y no pueden hacer en áreas como comprensión de lectura y matemática. Estos informes deberían ser la base de una profunda reforma que implique cambios en cuanto a alinear diversos aspectos pedagógicos (por ejemplo, currículo, textos escolares y programas de evaluación, formación y capacitación docente).

El rendimiento educativo de los estudiantes peruanos es muy bajo, pero no es el peor del mundo y seguramente ni siquiera el peor de América, al menos de acuerdo con los datos objetivos disponibles. Por ejemplo, algunos analistas han escrito y repiten que el único país con peor rendimiento educativo que el Perú en América es Haití, pero en realidad nunca hemos participado en una evaluación internacional junto con estudiantes de este país. Algunas leyendas urbanas como esta, junto con los pocos datos objetivos existentes, son seguramente las que han llevado a los entrevistados por el WEF a calificar tan bajo la calidad del sistema educativo peruano.

La calidad de la educación peruana necesita profundas reformas que, en principio, podrían empezar por proveer de recursos para la sistemática implementación de instrumentos recientemente aprobados en el Congreso de la República, como el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y la nueva carrera pública magisterial, todo ello en el marco del Proyecto Educativo Nacional que elaboró el Consejo Nacional de Educación y este gobierno ha asumido como suyo. Para ello seguramente será necesario aumentar considerablemente la inversión pública por estudiante, monitoreando y evaluando rigurosamente las iniciativas que se vayan implementando.